La Moncloa descartó pinchazos con Pegasus mientras Sánchez y Laya eran espiados
Presidencia aseguró a Bildu, en junio de 2021, que Seguridad Nacional no tenía constancia de ataques
«En el Departamento de Seguridad Nacional (dependiente de Presidencia) no hay constancia de denuncias, ni datos que avalen la existencia de ataques con el programa Pegasus a ciudadanos españoles». El pasado 16 de junio, La Moncloa negó así que el ‘software’ espía se estuviera usando en España de forma ilegal, en una respuesta escrita al diputado de Bildu, Jon Iñarritu. En esa fecha, los teléfonos móviles tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, ya habían sido infectados con el programa y estaban siendo espiados. Y en ese momento, la protección del terminal del jefe del Ejecutivo dependía del hoy ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, responsable entonces del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno.
A Iñarritu, portavoz de Bildu en la Comisión de Defensa del Congreso, le habían llegado rumores del uso ilegal de Pegasus para espiar a políticos y ciudadanos en nuestro país. Además, ‘El País’ y ‘The Guardian’ habían publicado en julio de 2020 que el teléfono del expresidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, había sido pinchado con Pegasus en mayo de 2019, durante la brecha de seguridad que tuvo WhatsApp y que permitió vigilar, como mínimo, 1.400 terminales en todo el mundo. Entre ellos, el del presidente de Amazon, Jeff Bezos.
Batería de preguntas
Al ver que el informe de Seguridad Nacional de 2020 no mencionaba ese episodio ni hacía alusión alguna a Pegasus, Iñarritu remitió una batería de preguntas al Gobierno el pasado 25 de mayo sobre la actividad ilegal del ‘software’ en suelo español. El parlamentario vasco preguntó cuántos ciudadanos españoles habían sufrido pinchazos con Pegasus hasta ese momento y cuántos de ellos eran representantes políticos o aforados. También pidió saber qué investigaciones se habían realizado sobre los ataques de Pegasus, con qué resultado, qué medidas iban a tomarse y si el Gobierno sabía quién estaba detrás de esos ataques.
La respuesta de Presidencia fue ese rechazo tajante a la tesis de Iñarritu. Un mes antes, según la información proporcionada este lunes por La Moncloa, el teléfono de Sánchez había sido infectado con el ‘software’ espía (el 19 de mayo y luego el 31 del mismo mes). El móvil de Laya fue espiado de forma paralela. Y la respuesta de Presidencia coincidió en el tiempo con el espionaje al terminal de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Al negar de plano cualquier ataque, La Moncloa dejó sin contestar el grueso de las preguntas. No aclaró si Seguridad Nacional había realizado alguna investigación sobre posibles ataques de Pegasus, de ser así en qué consistió o si pensaba tomar medidas para evitar hackeos. El interrogante que surge ahora es si Seguridad Nacional mintió abiertamente al parlamentario o si realmente desconocía por completo el espionaje.
Hasta el momento, Bolaños defiende esta última tesis asegurando que no fue hasta el pasado fin de semana cuando el Gobierno tuvo conocimiento de los pinchazos a Sánchez y Laya. Pero esta tesis pierde credibilidad a la vista de que hasta un diputado de un grupo pequeño sospechaba hace un año de que Pegasus se estaba utilizando de manera ilegal para espiar a representantes políticos. Ayer en el Congreso ni socios ni rivales del Gobierno daban crédito a que el Ejecutivo desconociera los ataques. «Mintieron para echar balones fuera», señalaba uno de los aliados del Ejecutivo. El presidente del Gobierno tendrá que explicar este extremo ante en el Congreso, durante la comparecencia a la que le obligaron el pasado martes todos los grupos parlamentarios menos PSOE y Unidas Podemos. La cita aún no tiene fecha.
No obstante, esa iniciativa de Iñarritu no fue la primera que un miembro de bloque independentista dirigía al Gobierno. A pesar de ser socios de Pedro Sánchez, ERC y Bildu han intentado vincular al Estado español con el espionaje ilegal desde el inicio de la legislatura. En julio de 2020, la diputada de ERC, Carolina Telechea, preguntó si el Gobierno había adquirido «productos y/o servicios de la empresa NSO Group Techonologies» –propietaria de Pegasus– y había utilizado ese ‘software’ «o cualquier otra herramienta apta para la intervención de comunicaciones».
La Mesa del Congreso pidió a la republicana que aclarara su pregunta y cinco meses después, en diciembre de ese año, Telechea preguntó al Gobierno que le explicara su relación con NSO y la utilización de Pegasus. La Moncloa respondió entonces señalando al CNI y subrayando que este organismo « actúa con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico». A partir de aquí, remitió a la diputada a realizar sus preguntas en la comisión de control de los gastos reservados (sin constituir en ese momento) subrayando que la ley del CNI le impedía revelar «información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los acuerdos internacionales». Una respuesta que entra en contradicción con la rueda de prensa urgente ofrecida el pasado lunes por Bolaños y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, para anunciar el espionaje sufrido por Sánchez y Robles, destapando información que hasta entonces La Moncloa negaba a los parlamentarios por considerarla secreta.
El interrogante que surge ahora es si Seguridad Nacional mintió o desconocía el espionaje cuando sospechaban de él los diputados