El juez pregunta si debe imputar al alto cargo que negoció las mascarillas en Madrid
► Su imputación abriría las puertas a la responsabilidad del Gobierno municipal
El juez de Madrid que investiga el caso Mascarillas estudia imputar a Elena Collado, coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del ayuntamiento de la capital y responsable de las compras de material sanitario durante la pandemia.
El instructor ha dado tres días a las partes para que se pronuncien, presenten alegaciones y valoren si Collado debe ser llamada a declarar como investigada, según consta en los autos a los que ha tenido acceso ABC.
Así que, de momento, Collado no tendrá que ir a declarar el día 9 a los juzgados de la plaza de Castilla. El juez la había citado el próximo lunes como testigo para tratar de esclarecer el desarrollo de las negociaciones para la adquisición de material sanitario con Luis Medina y Alberto Luceño. Sin embargo, las acusaciones habían pedido su imputación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y cooperación necesaria en la estafa que sufrió el Ayuntamiento de Madrid.
Fue ella quien negoció los contratos por más de 11 millones de euros y la consideran responsable de que Medina y Luceño se embolsaran hasta 6 millones por interceder en la venta de unos productos sanitarios que resultaron ser defectuosos.
Las acusaciones, además, argumentan que Collado llegó a detectar que el Ayuntamiento de Madrid estaba pagando un precio exagerado por los guantes, a dos dólares la unidad, cuando en nuestro país se podían adquirir por ocho céntimos de euro. «Nos han estafado seguro», llegó a asegurar ella misma en un mensaje de wasap que intercambió con uno de los investigados y que obra en la causa. Pero no lo denunció.
En su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, Elena Collado explicó que creía que Luis Medina y Alberto Luceño querían ayudar al consistorio capitalino. Además, se desentendió de las comisiones, asegurando que lo hubiera puesto en conocimiento de la Policía si lo hubiera sabido. «Soy un poco pava. Entendía que querían ayudar a Madrid. No hablaron de porcentajes y ni les pregunté. A lo mejor debería haberlo hecho», expuso Collado hace un año al fiscal del caso, Luis Rodríguez Sol.
Ahora, una vez que la Fiscalía y el resto de partes presenten alegaciones, será el juez encargado de la instrucción, Adolfo Carretero, quien tenga la última palabra.
No imputa al gerente
Más claro lo ha tenido el juez Carretero a la hora de rechazar la imputación del gerente de la Funeraria de Madrid, Fernando Sánchez. El instructor no ve delito de falsedad en documento público ni obstrucción a la Justicia en su caso. El magistrado considera que las diferencias en las cartas de encargo de los tres contratos de emergencia de mascarillas, guantes y test rápidos, aportadas por la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios y denunciadas por Más Madrid, no afectaron a «elementos esenciales» del expediente en cuestión. «La fecha, identidad de firmas y contenido coincide», asegura el juez, «ya sea por su mención expresa en el cuerpo del documento o por referencias al contrato que se adjunta».
Según el auto del juez, al que ha tenido acceso ABC, no consta tampoco que tales modificaciones en las cartas las hiciera el gerente de la Funeraria de Madrid ni que se hiciesen con objeto de dificultar las investigaciones u «ocultar su contenido al ayuntamiento».