El Gobierno se pone de perfil en la ejecución del fallo del 25%

El Gobierno se pone de perfil en la demanda de ejecución forzosa, solicitada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), de la sentencia que obliga a la Generalitat de Cataluña a modificar todo el sistema educativo para que al menos el 25% de las asignaturas se impartan en español. La Abogacía del Estado, en su escrito en la causa abierta por la petición de la entidad, deja en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la aplicación forzosa del fallo, a pesar de que fue el Gobierno quien inició y ganó el proceso judicial en 2020.

La Abogacía del Estado, en su escrito ante el TSJC consultado por ABC, en primer lugar, no se opone a la legitimidad en la causa de la entidad que defiende el bilingüismo en las escuelas de Cataluña y, en segundo lugar, eleva la responsabilidad de saber si se está aplicando la sentencia del 25%, en función de las iniciativas políticas alegadas por la Generalitat, a la sala del TSJC. Iniciativas que se resumen en el anuncio de un cambio legislativo y la futura aprobación de un nuevo régimen lingüístico.

Solo después de conocer «el grado de cumplimiento que implican las medidas comunicadas por la Generalitat de Cataluña», señala la Abogacía del Estado, decidirá el representante del Gobierno si pide la ejecución del fallo. «Será esencial (esta evaluación del grado de cumplimiento) para pronunciarse sobre si concurre o no el presupuesto fáctico que justifica la ejecución forzosa que se reclama o las cuestiones que se puedan plantear en la ejecución y los plazos o las medidas más adecuadas para llevarla a cabo», añade.

En cualquier caso, el representante del Ejecutivo sí recuerda que si, finalmente, el TSJC opta por iniciar la ejecución forzosa, hay que tener en cuenta que se haga sin que se contraríe el contenido del fallo de 2020.

Y señala que en la sentencia (ratificada por el Tribunal Supremo en 2021) se establece que el sistema de conjunción lingüística debe aplicarse «al conjunto de los alumnos» y que este derecho «no responde a un derecho subjetivo de los alumnos, sino que es consecuencia de la misma oficialidad de la lengua», por lo que tanto español como catalán deben ser vehiculares.