Los historiadores defienden a Juan de la Cierva frente al acoso del Gobierno
El Ejecutivo murciano pone en duda con dos informes que el inventor tomara parte en el golpe de 1936
Juan de la Cierva Codorníu, ingeniero e inventor de relevancia mundial, iba a dar nombre al nuevo Aeropuerto de Corvera hasta que se cruzaron en su vuelo cuestiones de mala memoria histórica. El Ministerio de Transportes comunicó hace un año al Gobierno de la Región de Murcia que el nombre de las instalaciones no era viable al ser incompatible con la ley de Memoria Histórica en base a un informe, aportado por el historiador Ángel Viñas, que colocó al inventor entre los participantes del golpe de Estado de 1936.
En concreto, el breve informe (folio y medio) de Viñas acusó al inventor de formar parte desde Londres, donde estaba afincado, de «un pequeño grupo de conspiradores monárquicos, británicos y españoles, contra la República, que tuvo gran influencia entre los círculos de derecha», y que luego ayudó a los militares sublevados a «obtener armamento sorteando los escollos de la política de no intervención». El texto no estaba acompañado de ninguna prueba documental ni de detalles sobre cómo consultar los datos citados.
Frente a este informe pedido por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sin dar explicación sobre los criterios por los que se escogió a este historiador y a ningún otro, el Gobierno de la Región de Murcia contesta ahora con dos estudios más extensos y argumentados que tachan de «infundado» el considerar que un homenaje al murciano más universal tiene relación con hechos de la Guerra Civil. Estos textos, a los que ABC ha accedido y que no han obtenido todavía respuesta del Gobierno, los firman Roberto Villa García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y Javier Guillamón, catedrático de la Universidad de Murcia.
Villa García sostiene que el informe de Viñas se apoya en «elucubraciones conspirativas» y en memorias parciales, que contienen contradicciones y errores, para «expulsar en un juicio político a un personaje histórico del espacio público». Una condena al olvido arbitraria y selectiva, como demuestra el hecho de que en catorce años de vigencia esta ley «nunca había afectado a De la Cierva» ni había reclamado sustituir su nombre de las calles, instituciones de enseñanza y becas de investigación que siguen reconociendo su condición de gran pionero del aire. «No hay fundamento de que el recuerdo honorífico de Juan de la Cierva contravenga la letra ni el “espíritu” del artículo 15 de la ley», concluye.
Víctima de la guerra
Villa recalca que este artículo sobre la retirada de símbolos y reconocimientos hace alusión específica a aquellas personas exaltadas en su momento por la «sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura», de modo que De la Cierva, que no era militar y murió en 1936 sin pisar España en toda la contienda ni conocer a Franco, no puede verse afectado. No en vano, la razón por la que Murcia quiere poner su nombre al aeropuerto es por su contribución a la ciencia y no por su papel en los acontecimientos de julio de 1936, que son aún hoy motivo de debate historiográfico. «El informe de Viñas no detalla fuentes, ni actos concretos que avalen su participación, ni en qué consistieron ni de qué manera condicionaron el devenir de la historia», destaca el profesor en su estudio sobre alguien que no formaba parte de la política activa y que incluso fue condecorado por las autoridades republicanas.
Villa argumenta que, de haber sabido que había un golpe de Estado en marcha, el inventor del autogiro, un precursor del helicóptero, habría evacuado a su familia de Santander y avisado a su padre y a su hermano, fusilado posteriormente en Paracuellos, de la gravedad de los acontecimientos. «A esto se suma que no tenía previsto suspender sus vacaciones en Santander, donde anunció públicamente su participación en un ciclo de conferencias. Todos estos actos son impropios de alguien que estuviera al tanto de la sublevación», repara este profesor universitario.
En este sentido, la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática y el informe de Viñas ignoran de forma premeditada «aspectos de su trayectoria e índole personales durante la Guerra Civil que hubieran permitido aplicarle a su favor la ley 52/2007, en calidad de víctima o, al menos, de familiar de víctimas» perseguidas durante la contienda por cuestiones ideológicas.
Javier Guillamón, por su parte, no entra tanto en desmontar aquellos «juicios morales y descontextualizados contra este murciano universal» que son «un insulto a la historia de Murcia», sino que centra su texto en las «torticeras consecuencias» de una ley que «se presta al ajuste de cuentas contra el pasado». Además, el catedrático reniega del uso de la historia como arma política y pone en duda que un solo informe o historiador puedan hacer un juicio capaz de enviar al «basurero» a una personalidad reconocido mundialmente. «La objetividad y ecuanimidad es fruto de la confrontación. Por lo que no vale un único informe. Nada es inocente. En todo historiador subyacen sus creencias a la hora de hacer el relato sobre lo que debiera ser el presente, por eso lo que denuncio no es el informe Viñas, sino el uso público del conocimiento histórico por aquellos que quieren fabricar imaginarios colectivos», afirma.