El Gobierno no descarta desclasificar documentos de las escuchas para contentar a ERC
El PSOE asegura que lo hará si no afecta a la seguridad nacional y así lo pide un juez o el Defensor del Pueblo Sánchez cumpliría una de las principales demandas de ERC para mantener su apoyo parlamentario
Pedro Sánchez intentó tranquilizar ayer a la Ejecutiva Federal del PSOE ante el terremoto político provocado por las escuchas telefónicas. Tanto las realizadas a Pere Aragonès y otros diecisiete dirigentes independentistas con autorización judicial, según desveló la semana pasada la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, como las que a través del sistema Pegasus afectaron en mayo y junio de 2021 al propio presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. El mensaje del secretario general de los socialistas a los suyos, en la reunión ordinaria semanal de la cúpula del partido, fue claro, según fuentes conocedoras del encuentro. Se completará la legislatura y, pese a las diferencias, se tratará de encarrilar la relación con los socios, especialmente dañada por este episodio con ERC.
Pero más allá de las intenciones expresadas a puerta cerrada, el Ejecutivo y el PSOE siguen en una carrera a remolque de los acontecimientos para intentar aplacar a los republicanos, que por su parte continúan elevando el listón de sus exigencias ante lo que consideran un «escándalo» de espionaje que pondría en duda la «calidad del sistema democrático en España».
Ayer mismo la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, condicionó la continuidad de la «mesa de diálogo» entre ambos gobiernos al esclarecimiento del seguimiento al presidente de la Generalitat y otros líderes separatistas por parte de los servicios de inteligencia.
Por su parte, el portavoz de la Ejecutiva socialista, Felipe Sicilia, abrió la puerta en su rueda de prensa ordinaria a una desclasificación de los documentos en los que se basan las escuchas, entre ellos las autorizaciones judiciales para las mismas que los diputados de la comisión de secretos oficiales del Congreso pudieron examinar a puerta cerrada la semana pasada, aunque solo tomando notas y sin poder fotografiarlos ni llevarse copias. Ese mismo día, los diputados independentistas pidieron que los documentos que mostró Paz Esteban, la directora de los servicios secretos, dejen de ser secretos.
Alegando el precedente de la entrega al juez de documentos sobre la trama Kitchen –el espionaje en Interior en tiempos del PP que investiga la Justicia– como ya había hecho la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, la semana pasada, Sicilia blasonó de que «el Gobierno ha demostrado que está dispuesto incluso a desclasificar información». Aunque matizó que eso solo ocurrirá «si así lo reclama la Justicia o si así lo reclama el Defensor del Pueblo», señaló en alusión a la investigación abierta de oficio por Ángel Gabilondo. Pero sobre todo, dejó claro el portavoz del PSOE, si esa eventual desclasificación no afecta «a la seguridad nacional», como repitió varias veces durante su comparecencia.
La ministra de Defensa
Por lo demás, Sicilia enfatizó el respaldo del PSOE y del Gobierno a Margarita Robles, cuya dimisión ha reclamado incluso el socio de coalición, Unidas Podemos. El dirigente socialista aseguró de manera «clara y tajante» que la titular de Defensa «tiene todo el apoyo de la Ejecutiva del PSOE, como lo tiene de todo el Gobierno». Robles, dijo Sicilia, realiza una «gran labor al frente de nuestras Fuerzas Armadas» en un «momento tan delicado» como el que marca la guerra de Ucrania y, añadió, «a las puertas de una cumbre de la OTAN que se celebrará en nuestro país a finales de junio». Sin embargo, Sicilia evitó manifestar un respaldo tan tajante a Esteban, sobre la que se limitó a decir que «a día de hoy», matizó, «no hay ni una sola información para que la directora del CNI no