La factura en subidas salariales a los funcionarios asciende a los 10.725 millones con Sánchez

▶ Contando el aumento previsto para 2022, el Gobierno sumará un 7,15% de incrementos en esta legislatura

La función pública se ha revelado como un componente fundamental de la recuperación del empleo tras el impacto de la pandemia. Desde el estallido de la crisis sanitaria que provocó el mayor desplome de la ocupación de la historia, el sector público ha sido el responsable de la mitad de la creación de puestos de trabajo en nuestro país. Esta circunstancia y el hecho de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya duplicado en tres años el nivel de contrataciones en la Administración central del Estado respecto a la anterior legislatura de Mariano Rajoy tiene un reflejo en los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno confirmó en la actualización del Plan de Estabilidad Presupuestaria 2022-2025 remitido a Bruselas que este año se llevará a cabo un incremento de sueldo a los funcionarios del 2%. El coste de la medida ascenderá a 3.000 millones de euros. Sin embargo, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, se ha registrado un fuerte incremento de la factura anual asociada a estas actualizaciones.

Mientras que el Ejecutivo de Rajoy mantuvo congeladas estas subidas durante cinco ejercicios (entre los años 2011-2015, ambos incluidos) coincidiendo con la salida de la anterior crisis financiera, la tendencia se ha revertido en la última legislatura. Ya en 2018, nada más tomar el relevo, el Gobierno

de Sánchez aplicó el complemento del 0,25% que completaba la última subida presupuestada por el Gobierno de Rajoy, del 1,5% para el conjunto del año.

Desde 2019, y contando la última que se efectuará en los próximos meses para cubrir el compromiso de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez habrá elevado el sueldo a los funcionarios en un total del 7,15%. Solo el coste de estos incrementos en los últimos cuatro años asciende hasta los 10.725 millones de euros.

Pérdida de poder de compra

Con todo, la confirmación de que el salario de los funcionarios subirá este año un 2% es también la constatación de que el Gobierno ha hecho partícipe al colectivo del denominado «pacto de rentas» con el que se pretenden mitigar el efecto que pudiera tener sobre la inflación el alza de salarios conforme a los actuales niveles de IPC, que en abril marcaron un aumento de precios del 8,4%.

Si atendemos a las previsiones que estiman una inflación media para el conjunto del año del 7,5%, los funcionarios y trabajadores dependientes de empresas públicas, –2,8 millones según las cifras oficiales de la Seguridad Social–, perderán en este año hasta 5,5 puntos porcentuales de poder de compra por efecto de la inflación.

Teniendo en cuenta que a comienzos de año el Gobierno aprobó la subida de las pensiones del 2,5% conforme al IPC medio del año pasado, y que esta operación supuso un coste extra en prestaciones para este año de 6.500 millones de euros, la factura de las revalorizaciones a jubilados y funcionarios asciende a 9.500 millones en 2022.

Junto con la partida de los sueldos de funcionarios, que en el conjunto de las estructuras del Estado asciende a 140.000 millones de euros, los pensionistas y los trabajadores de la administración consumen casi 300.000 millones de euros del Presupuesto. El profesor de Finanzas en el CEF, Juan Fernando Robles, advierte al respecto de que «se trata de una elevada carga para el contribuyente», que más allá comporta riesgos económicos en el medio plazo, más aún si continúa la senda de sobredimensión de la estructura del Estado.

«No vamos a aceptar que los empleados públicos sean de nuevo los paganos de la crisis. Si fuera así, saldríamos a las calles con movilizaciones para defender nuestras condiciones laborales. Por ello insistimos en la necesidad de un acuerdo para recuperar a medio plazo el poder adquisitivo. Este acuerdo también debería actualizar las cuantías sobre indemnización por razón del servicio», apuntaba en un comunicado reciente la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sobre las revalorizaciones salariales previstas por el Gobierno.

«En relación al pacto de rentas que plantea el Gobierno, CSIF recuerda que los empleados públicos ya han perdido más de un 12% en la última década. Y esta pérdida se ha agravado con la inflación», denuncia el sindicato.

Por el momento, el sector público es el único que ha fijado una subida para las actualizaciones salariales, después de que se rompiese la negociación entre empresas y sindicatos para el marco AENC de este año, y tras garantizar el Gobierno que los pensionistas verán aumentadas sus pagas en función al IPC para 2023.

Solo la actualización de las remuneraciones en el sector público para este año costará 3.000 millones a las arcas del Estado