La Justicia da 15 días para aplicar el 25% de castellano en las aulas
▶ Reclama que la Alta Inspección Educativa verifique el cumplimiento
«Sentencia aberrante», a criterio de la Generalitat. «Fallo histórico», según los defensores del bilingüismo en Cataluña. En un paso más hacia el reconocimiento del uso del castellano en las escuelas catalanas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hizo pública ayer una interlocutoria en la que exige a la Generalitat el «cumplimiento inmediato» de la sentencia que fija un mínimo de 25% de las clases en castellano en todos los centros educativos de la comunidad y requiera a la Alta Inspección Educativa a «verificar el cumplimiento». Tras meses tratando de sortear su aplicación y numerosos recursos presentados, el tribunal da ahora un plazo máximo de quince días para que el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, comunique a los centros educativos «las instrucciones y establezca las garantías de control de las mismas» para su ejecución.
El fallo del TSJC llega tras la demanda de ejecución forzosa presentada por la entidad Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) –de la que se reconoce su legitimación para actuar en este caso en representación de las familias, no así en el caso de Vox, que también lo solicitó–, que exigió la aplicación inmediata de la sentencia de 16 de diciembre de 2020, que el Tribunal Supremo ratificó en noviembre de 2021 tras rechazar el recurso de casación de la Generalitat, y de la que el pasado 20 de enero se declaró su firmeza.
Ahora, como entonces, el Govern arremetió contra lo que considera una sentencia política, anunció un nuevo recurso y trató de tranquilizar a los centros educativos. En concreto, el consejero llamó a la tranquilidad a las direcciones y docentes catalanes, que deben «seguir haciendo su trabajo y no cambiar nada». El gobierno catalán, aseguró Gonzàlez-Cambray, proporcionará la cobertura jurídica para la defensa del modelo de escuela catalana.
«Efectivo e inmediato»
El auto de la sección 5º de la sala de lo contencioso-administrativo establece de manera clara y precisa que la Generalitat debe hacer cumplir la sentencia de modo que todos los alumnos catalanes –esa es la principal novedad de la sentencia de 2020, que extiende lo establecido a todo el sistema y no solo a las familias demandantes, como sucedía hasta entonces– «reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25 en uno y otro caso». Así, los colegios deberán incluir, como mínimo, la docencia de la propia asignatura lingüística además de otra asignatura troncal en el mismo idioma, según recuerda el TSJC.
Como apunta el mismo tribunal, en una afirmación que está de más si no fuese por que se trata de la enseñanza del castellano en la escuela, lo que dispone la sentencia es una «obligación» cuyo resultado debe ser «efectivo e inmediato». La prevención de la sala es comprensible si se atiende el historial de incumplimientos de la Generalitat, administración que en su recurso para no cumplir con la sentencia informó, entre otras iniciativas, de la tramitación urgente de una modificación de la ley de Política Lingüística, por ahora atascada en el Parlament por falta de acuerdo entre los grupos promotores: independentistas, comunes y el PSC.
Unos y otros, también Cs, PP y Vox, valoraron de forma opuesta el fallo. Satisfactorio para los constitucionalistas, un ataque para el resto, con llamamientos incluidos a la insumisión avalada por la Generalitat.
Frente a la posición insumisa del Govern y del sindicato mayoritario en la enseñanza, Ana Losada, presidenta de la AEB, celebró en declaraciones a ABC el sentido de la interlocutoria. «Hablamos muchas veces de días históricos, pero hoy se merece el adjetivo, hoy se ha puesto fin a más de tres décadas de vulneración de los derechos de los alumnos catalanes. Hoy empieza una nueva etapa, con una escuela de todos los catalanes, donde nuestros hijos aprendan a convivir en una sociedad bilingüe», apuntó. A través de la plataforma Escuela de Todos, la entidad anunció que luchará por que se cumpla la sentencia de manera efectiva.
La Generalitat anuncia un nuevo recurso contra una sentencia «aberrante» e insta a los docentes a «no cambiar nada»