El vínculo del alcalde de Cazalla y Guerrero, tras los ERE del corcho
▶ Rodríguez de la Borbolla ofició como regidor la boda civil del exdirector de Empleo
La estrecha relación entre el exalcalde de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla, y el exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, principal encausado del caso ERE, fallecido en octubre de 2020, se plantea como una conexión clave en la sucesión de ayudas al sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla, según se desprende de los testimonios recogidos ayer en la última sesión del juicio sobre esta pieza de la macrocausa que juzga la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla.
En total, entre 2001 y 2007, se concedieron con cargo a la partida presupuestaria 31L un total de 8.408.096,42 euros en ayudas irregulares a un grupo de empresas compuesto por Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, de la Junta de Andalucía, «prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria», según planteó tras la instrucción de la pieza el juez José Ignacio Vilaplana.
Entre los testigos, declaró ayer un empresario de El Pedroso llamado Diego R.Y., otrora candidato del PP a la Alcaldía de la citada localidad, quien dijo conocer a la mayoría de los acusados.
Según el testigo las sociedades Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla y Servicios y Mantenimiento de Cazalla estaban dirigidas por Ángel Rodríguez de la Borbolla y que la empresa familiar en la que él trabajaba era una entidad «proveedora» de dicho grupo empresarial.
Como proveedor de este grupo de empresas, el testigo dijo desconocer a qué dedicaban las subvenciones autonómicas obtenidas, aunque sí ha manifestado que le consta que con tales fondos fueron abonados a su empresa familiar determinados servicios o suministros. «A mí me pagaban», dijo mientras se encogía de hombros.
También ha asegurado que Rodríguez de la Borbolla tenía «buena relación» con el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, Francisco Javier Guerrero. Según este testigo, como alcalde de Cazalla de la Sierra, Rodríguez de la Borbolla ofició la boda civil de Francisco Javier Guerrero, una ceremonia celebrada además en una finca «propiedad» del primero y llamada La Vega. En la localidad refirió era habitual verles almorzar y «tomar copas» juntos. Guerrero fue alcalde socialista de ese mismo municipio de la Sierra Norte de Sevilla.
También compareció en la sesión de ayer Noemí F. trabajadora vinculada a la gestión económica de Cortansa. La testigo se encargó en 2006 personalmente de realizar un informe que había solicitado la Agencia Tributaria a dicha sociedad, sobre las ayudas públicas gestionadas por la misma entre 2001 y 2006, un «dosier» que preparó ella misma y en que pudo constatar que Cortansa dedicó las ayudas cosechadas a «gastos generales» para el funcionamiento de la empresa, sin destinar tales fondos públicos a sus socios. «La mayoría» de los préstamos solicitados por Cortansa estaban avalados por el propio Ángel Rodríguez de la Borbolla.
Sobre el citado acusado, esta testigo ha asegurado que Rodríguez de la Borbolla «estaba arruinado» y «obsesionado con el desarrollo de la Sierra Norte, con el sector del corcho y con crear y mantener empleo» en la comarca sevillana.
La testigo participó en una reunión entre Rodríguez de la Borbolla y Francisco Javier Guerrero en el despacho de este último para tratar sobre «una posible ayuda» para Cortansa, tal extremo «no fue» finalmente materializado. De aquella reunión, según dijo, «no salió absolutamente nada».
Dos testigos confirman que empresas adjudicatarias de las ayudas para el empleo dedicaba las mismas al pago de gastos generales