Sin jueces no hay democracia
«Las democracias pueden acabar por un golpe militar o por una guerra, como la Historia nos enseña, pero también por pasos mal dados por gobernantes elegidos democráticamente. En ese último caso la primera torpeza, como han señalado Levitsky y Ziblatt, es tratar de controlar al Poder Judicial para intentar garantizarse la inmunidad en el abuso del poder y para utilizar las armas del Derecho contra el adversario político»
LA democracia, en palabras de Abraham Lincoln, es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. En la democracia es el pueblo el que se rige a sí mismo por las leyes que se da. Y es el Estado de derecho el que preserva la libertad de las personas y la vinculación de todos al Derecho.
Son los jueces, como poder independiente del Estado, los que tienen atribuidas las potestades para garantizar la libertad y solucionar los conflictos conforme a lo establecido genéricamente en las leyes. Como señaló Calamandrei, los jueces son «el derecho hecho hombre» que tutela lo que en la ley solo se puede prometer en abstracto. Pero, también, los jueces son el contrapeso de los demás poderes del Estado para evitar el abuso del poder (Montesquieu). No basta con aprobar leyes, sino que necesitamos jueces que administren justicia y las hagan cumplir (Justiniano), y necesitamos jueces que digan lo que es el Derecho y no lo que debería ser.
Por ello la Constitución estableció un Poder Judicial independiente del Legislativo y del Ejecutivo, integrado por jueces y magistrados profesionales y capacitados técnicamente que ejercen la potestad jurisdiccional. Y, también por esa razón, existe en nuestro país un Tribunal Constitucional, que, aunque no forme parte del Poder Judicial, hace que prevalezca la Constitución como norma constituyente y suprema, incluso por encima de la voluntad de las Cortes cuando estas la contravienen mediante la aprobación de leyes inconstitucionales (Kelsen). Puesto que no se olvide que el poder constituyente consuma su proyecto con la aprobación de la Constitución que establece un poder constituido sujeto a ésta (Sieyés); pero el control ‘a posteriori’ de esa sujeción es primordial para asegurar la voluntad del constituyente, la democracia y la paz del Estado.
Los jueces y magistrados tienen una función esencial en la democracia porque resuelven los conflictos sociales mediante la determinación de los hechos y de las normas (‘da mi factum, dabo tibi ius’), protegen los derechos de los ciudadanos, controlan la legalidad de la actuación administrativa y fiscalizan la aplicación del Derecho. Además, los jueces y magistrados son imprescindibles para el correcto funcionamiento de los procedimientos electorales que son la base de la democracia. Para que haya democracia deben existir unas normas que regulen las elecciones bajo ciertos requisitos (Bobbio y Dahl). Son los jueces y magistrados, al final, quienes tienen la misión de asegurar el cumplimiento de esas normas y de esos requisitos.
Sin independencia judicial la democracia sería una ficción (Scruton); no sería posible mantener el juego electoral limpio, ni habría respeto a la ley, ni ésta se podría imponer correctamente al caso concreto, ni sería viable la separación de poderes, ni existiría el Estado de derecho. Y ante esta realidad hay que saber que la democracia no se defiende solo verbalizándola y denunciando las desviaciones que se puedan producir, sino reforzando sus instituciones y protegiéndola de sus enemigos; estos son quienes no respetan la separación de poderes, los derechos humanos y la independencia judicial.
La democracia conlleva el respeto a la ley. Y, los jueces y magistrados, bajo su estatuto, son quienes hacen que la misma se cumpla, primero porque deben ser independientes, lo que los protegerá frente a injerencias de intereses particulares en su aplicación al caso concreto, y, segundo, porque serán responsables –responsabilidad que es jurídica y no política– al estar vinculados exclusivamente al ordenamiento jurídico que deben aplicar conforme a criterios técnicos fundamentados, razonables y verificables.
Nuestros jueces y magistrados se legitiman democráticamente por la Constitución que los instituye como Poder Judicial y que los vincula en su actuación únicamente al imperio de la ley sobre la base de su independencia, inamovilidad y responsabilidad (art. 117 CE). La legitimidad de los jueces y magistrados reside en que aplican las normas aprobadas democráticamente conforme a criterios técnicos; se trata, por ello, en primer lugar, de una legitimidad de ejercicio (De Otto). Pero, la legitimidad de los jueces y magistrados radica además en que la justicia que imparten emana del pueblo, como dispone la Constitución (art. 117) y se refuerza porque son seleccionados para cumplir esa función siempre de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
El órgano de gobierno del Poder Judicial es una pieza fundamental en los procedimientos de selección de jueces y magistrados porque es en buena parte el órgano que los regula y quien resuelve las incidencias que se plantean, bajo adicional sometimiento al control judicial. La selección de los jueces y magistrados es algo básico del Estado de derecho porque estos son quienes integran el Poder Judicial y quienes desempeñan una función imprescindible como es la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; por tanto, el sistema de selección de jueces y magistrados debe garantizar prioritariamente y sobre cualquier otro objetivo la independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes y la calidad técnica de sus miembros. Precisamente por eso, la Constitución atribuye el gobierno del Poder Judicial al CGPJ, que es un órgano que no está integrado ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, y que es el garante de la independencia del Poder Judicial. El CGPJ está muy presente en la vida de los jueces y magistrados, y su actividad afecta a la de otros órganos constitucionales, por eso es tan relevante, porque decide determinados nombramientos, la promoción de jueces y magistrados, su formación, la inspección de los juzgados y tribunales y la aplicación del régimen disciplinario.
La democracia se debilita cuando se incumple contumazmente el mandato constitucional de renovar el órgano de gobierno del Poder Judicial, se aprueban leyes disparatadas que le despojan de sus funciones constitucionales, se desoyen los criterios del TEDH y del TJUE sobre la independencia judicial, se nombra fiscal general del Estado a quien ha ostentado cargos políticos relevantes, se alienta desde las instituciones el incumplimiento de las resoluciones judiciales con narrativas destructivas y se ataca sin escrúpulos al Poder Judicial.
Las democracias pueden acabar por un golpe militar o por una guerra, como la Historia nos enseña, pero también por pasos mal dados por gobernantes elegidos democráticamente. En ese último caso la primera torpeza, como han señalado Levitsky y Ziblatt, es tratar de controlar al Poder Judicial para intentar garantizarse la inmunidad en el abuso del poder y para utilizar las armas del Derecho contra el adversario político.