El marco roto

Ningún proyecto de cambio puede soslayar la reconstrucción de los daños que sufre la estructura institucional del Estado

ES probable que Feijóo acierte cuando fía sus posibilidades de alcanzar la presidencia del Gobierno a la agenda económica. De hecho es el malestar social, la preocupación por la carestía y el estancamiento, lo que ha relanzado las expectativas electorales del PP, cuya crisis interna había ido disipando en el último año el efecto del ‘taponazo’ de Ayuso y del desplome de Ciudadanos. Y aun así el desgaste socialista va a marcha lenta, apenas dos o tres puntos en la media de encuestas y cinco o seis si se cuenta también el retroceso de la extrema izquierda. En cualquier caso parece claro que la recuperación y el alivio fiscal van a constituir el eje del programa del candidato popular, convencido de que ante un panorama nuboso el bolsillo y las cuestiones de subsistencia son un factor de decisión de voto más potente y transversal que el énfasis ideológico. Pero con todo, su plan corre riesgo de quedarse corto si no incluye un proyecto de regeneración institucional capaz de reparar la estructura de un sistema roto al que el sanchismo inflige cada semana, a veces cada día, un nuevo destrozo.

No hace falta enumerar la lista de estragos, en la que el CNI es por ahora el último organismo desbaratado. Sería más fácil y rápido mencionar lo poco que permanece a salvo del método de ocupación por asalto. El allanamiento no afecta sólo a las instituciones sometidas al control de un poder cesáreo sino a una legislación invasiva que arrincona la libertad individual en cualquier ámbito, desde el educativo al laboral, desde el sexual al de la vivienda, desde el cultural al alimentario. No queda territorio civil libre de la ingeniería intervencionista y sólo la justicia resiste mal que bien a un designio de conquista que ya dispone de una cabeza de puente establecida en la Fiscalía. Sin el desmontaje de ese entramado de anomalías sectarias no será posible consolidar ninguna alternativa porque la primera condición de un cambio consiste en la capacidad de gobernar con autonomía.

Algunos o bastantes de esos vicios arbitrarios se pueden corregir mediante la normalización de la política de nombramientos. Otros, sin embargo, requerirán un esfuerzo reformista mucho más intenso y basado en la conciencia de que está por medio el retorno al constitucionalismo pleno, a un marco elemental de respeto por las reglas del juego. Y por supuesto, a una idea de nación como espacio de convivencia y encuentro, sin aventuras rupturistas ni privilegios o desigualdades arrancados en el mercado negro. Muchos votantes liberales están esperando la vuelta a ese modelo más allá de la imprescindible creación de empleo, las rebajas de impuestos o la contención de precios. A Sánchez va a costar desalojarlo, pero su relevo tampoco servirá de nada si no se revierte el deterioro democrático. Tan urgente es ya la estabilización de la economía como la reconstrucción del Estado.