Escrivá rechaza más de 1.500 millones de incentivos fiscales para el fondo público
►El Gobierno remite a los partidos el coste de las enmiendas al proyecto de ley
El Gobierno trata de amarrar los votos para la aprobación definitiva del fondo público de pensiones a tan solo mes y medio de pasar el examen de Bruselas, que pide la activación del vehículo de ahorro financiero como parte de la reforma de pensiones, y como condición para conceder el segundo tramo de ayudas fijado para este año, de 6.000 millones de euros.
Ayer martes se iba a llevar a cabo la ponencia de las enmiendas en el Congreso, paso previo junto al visto de la comisión y posterior votación en el Parlamento. Hasta ese momento, el Gobierno apurará las negociaciones con sus socios y con los partidos de la oposición para sumar apoyos. Sin embargo, la reunión de ayer fue desconvocada en el último momento, aunque no trascendió el motivo concreto de la demora.
El punto de partida, no obstante, está en la negativa del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a incorporar incentivos fiscales para los futuros ahorradores del fondo público –más allá de la deducción en cuota a la Seguridad Social que alcanzará los 400 euros al año por trabajador al año– que plantean los partidos de la oposición para tanto las empresas como trabajadores.
En suma, las enmiendas rechazadas por el Gobierno acumulan un total de incentivos fiscales y exenciones por valor de 2.565 millones de euros. Si descontamos de aquí los puntos que se solapan entre las peticiones de los diferentes partidos, el coste de los incentivos rechazados supera los 1.500 millones de euros. Alega el gabinete del Ministerio de Seguridad Social que la implantación de estas medidas implica una minoración de los ingresos presupuestarios por lo que «no presta conformidad para su tramitación en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución».
Punto de partida
Más allá, si bien la respuesta del Gobierno asevera el rechazo a las propuestas de los partidos políticos, la pérdida de apoyo de los socios de la coalición empujará al Ejecutivo a negociar concesiones sobre el pliego de medidas rechazadas por impacto presupuestario.
Concretamente, hasta cuatro grupos parlamentarios (PP, C’s, Vox y PDECat) demandan al ministro Escrivá que considere la ampliación de la reducción en IRPF por aportaciones de trabajadores autónomos a los planes de empleo simplificados (los que se incorporarán al fondo público de pensiones) desde los 4.250 euros hasta los 8.500 euros, para equipararlos a los niveles previstos para los trabajadores asalariados.
Estas formaciones también proponen aumentar las exenciones en IRPF por aportaciones a los planes individuales de pensiones. Mientras que el PP, PDECat y Vox reclaman un periodo en el que esta deducción ascienda desde los 1.500 euros actuales hasta los 5.000 euros anuales, desde formaciones como Cs reclaman un aumento más moderado, hasta los 4.000 euros anuales. Desde Vox y Cs también piden deducciones en el Impuesto de Sociedades de hasta el 15%.