Familias por gestación subrogada: «Incitan al odio; el daño a los niños es innegable»
► El Gobierno financiará campañas institucionales contra esta práctica
El Gobierno no abre la puerta a que los tribunales persigan a los españoles que recurran a la gestación subrogada en el extranjero como planteaba el Ministerio de Igualdad en el primer borrador del anteproyecto de la ley del Aborto. El texto matizado, aprobado ayer en el Consejo de Ministros, elimina el punto en el que se hablaba de perseguir los contratos de gestación por sustitución aplicando el artículo 221.2 del Código Penal, que alude a los castigos de uno a cinco años de prisión y de inhabilitación de cuatro a diez años para ejercer la patria potestad, tutela, curatela o guarda de un niño para aquellos intermediarios y receptores que participen en la entrega de un menor mediante compensación económica. Sin embargo, el borrador de Igualdad eximía de responsabilidad a las mujeres gestantes, pese a que en el Código Penal sí se sanciona a quienes entregan al menor.
Las familias formadas por maternidad subrogada recibieron con «alivio» el cambio en el texto final, aunque ya tenían dudas respecto a que se les pudiera atribuir una responsabilidad penal por llevar a cabo el proceso en el extranjero, concretamente en países que contemplan esta práctica. «Pensábamos que no iba a superar los diferentes filtros hasta llegar a ley vigente, pero no por falta de voluntad del Gobierno, sino por falta de requisitos técnicos. Pensábamos que la medida no iba a reunir los dictámenes de viabilidad legal», explican a ABC desde la Plataforma de Protección de Infancia Nacida en Georgia y Ucrania (Apingu).
Aun así, lamentan los perjuicios que consideran que ya han sufrido por parte del Gobierno a raíz de incluir la gestación subrogada en esta ley. «Con todo, el daño a los niños ya es innegable, porque este tipo de noticias amenazantes estigmatizan, incitan al odio y perpetúan la discriminación a niños», señalan. «Son iniciativas crueles y abusivas, y en política no todo vale», lamentan.
«Sentimos que solo se haya eliminado el artículo relacionado con la persecución penal a nuestras familias, ya que todos sabíamos que era contrario a Derecho», lamentan por su parte desde Son Nuestros Hijos, asociación compuesta por familias formadas por maternidad subrogada. El texto aprobado ayer por el Ejecutivo mantiene la puesta en marcha de campañas institucionales contra la gestación subrogada, que las familias tachan de «un atropello a los derechos» de sus hijos y denuncian que sirven para «señalar y estigmatizar».
«Más señalados»
Este sentimiento lo manifiestan también Juan Luis Fernández y Christian Ruiz, una pareja padres de dos niños de 6 y 4 años nacidos por gestación subrogada en México y Australia. «El primer anuncio de la propuesta de ley ya causó un enorme daño tanto dentro de todas las familias formadas por gestación subrogada como en futuros padres y madres de intención. Nuestras familias y nuestros hijos han estado más señalados, si cabe, por un sector de la sociedad», critican.
A su juicio, aunque se haya eliminado el punto por el que se quería castigar penalmente la gestación subrogada, «se seguirá con la persecución social, ya que en el borrador de la ley, impulsada por Irene Montero, quedará redactado que la gestación subrogada es una forma de violencia contra la mujer». «Esa difamación seguirá avivando el señalamiento y criminalización de nuestras familias y de nuestros hijos», claman. En la misma línea, consideran que el ministerio dirigido por Irene Montero ya «financia campañas contra la gestación subrogada», por lo que afirman no «sorprenderse» por que Igualdad «continúe su acoso social a las familias».