El cine independiente, contra el Gobierno por poner a Netflix «una alfombra roja»
► El Congreso vota las enmiendas a la Ley de Comunicación Audiovisual mañana
Tras meses de espera, la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual parece inminente. Mañana se votan las enmiendas a un texto que, de salir adelante tal y como está planteado, hace temblar a las cerca de 600 empresas aglutinadas en la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (P.A.P.), que representan al 90% de estas.
La cuestión principal que solivianta al cine español radica en dos puntos: la obligación de inversión que se impone a las plataformas (que se suman a las cadenas privadas) para destinar el 5 por ciento de ingresos a producción independiente, y la propia definición de esta. Porque ni en la Ley del Cine ni en la Ley de Comunicación Audiovisual hay una definición de «productor independiente» que satisfaga a los que hasta ahora han llevado esa bandera casi como un estigma a ojos de las grandes.
En Francia, esta obligación de inversión es del 20 por ciento, según apuntan desde la P.A.P., por poner un ejemplo de cinematografía nacional protegida por el legislador. En España ese 5% se queda de facto, denuncian, en un 3,5%. Porque desde que se inició la transposición de la directiva europea aquí las autoridades «han renunciado» a intentar alcanzar la cifra francesa «porque parecía temerario o una provocación». «Ante las corporaciones internacionales todo ha sido alfombra roja, como si temieran que al menor indicio de ponernos serios se fueran a ir, cuando es al revés, si te pones serio te respetan más», indica el productor José Antonio Hergueta.
En esa línea, Jordi Oliva, presidente de PROA, integrados en la P.A.P., sostiene que el Gobierno no los ha tenido en cuenta. «Pedro Sánchez tuvo el otro día un acto con inversores americanos que parecía ‘Bienvenido, Mr. Marshall’, en el cual los productores independientes pintábamos cero. Solo quieren contentar a los americanos, a las plataformas», lamenta.
El ‘Hub’ internacional
En marzo de 2021, Sánchez presentó el plan ‘España, Hub Audiovisual de Europa’, dotado con más de 1.600 millones de inversión pública hasta 2025. Algo que aplaudió el sector. El problema vino después. «Estamos encantados de que vengan, porque hay hueco para la convivencia, pero es que esta ley amenaza con acabar con el ecosistema nacional», señalan. Y es que, aunque el sector roza el pleno empleo, las grandes plataformas tienen el poder para negociar siempre con ventaja. De hecho, muchas productoras se han convertido en proveedoras de servicios para las ‘majors’, menoscabando el tejido cultural nacional y a esas películas que miran lo que aportan a la sociedad más allá del algoritmo, según explican. «Las buenas cifras solo se consolidarán si hay una industria española netamente independiente», indica Hergueta.
Así, mañana se votarán las enmiendas de UPN, BNG, PDeCat y Más País. «Hay partidos que entienden que la diversidad cultural solo la podemos defender los independientes, y el PSOE parece que tiene una única misión: atraer la inversión extranjera y consideran de segunda categoría a la producción nacional. Esta sensación nos viene cuando vemos tanto esta ley como la del Cine», lamenta Oliva. Incluso Podemos ha presentado enmiendas pese a que el PSOE está diciendo a los grupos políticos que en el sector hay una unanimidad que no hay ni en el seno del Gobierno.