El Estado dio ayudas a empresas tras ser denunciadas en los ERE
► El Gobierno otorgó 1,2 millones al entramado del corcho del hermano del expresidente Borbolla cuando ya era investigado por la juez Alaya
El empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra, recibió una ayuda de 1.188.510 euros para actuaciones de reindustrialización del Gobierno central en el año 2011. El Estado dio un balón de oxígeno a una de sus empresas dedicadas a la manufactura del corcho después de que la Administración autonómica le cortara el grifo de las subvenciones y solicitara su imputación en el caso ERE.
El hermano del expresidente de la Junta de Andalucía está siendo juzgado en la Audiencia de Sevilla por los 8.408.096 euros que cinco de sus empresas (Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera) se embolsaron entre 2001 y 2007 con cargo a la partida presupuestaria 31L, el denominado ‘fondo de reptiles’. La antigua Consejería de Empleo financió con fondos públicos su «entramado» societario «prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria», según expuso el juez José Ignacio Vilaplana en el auto que determinó su procesamiento.
El Gobierno central, a través de la Secretaría General de Industria, le concedió 1.188.510 euros mediante una convocatoria de ayudas realizada el 16 de noviembre de 2010 para el ejercicio de 2011, poco antes de que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) perdiera las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. En la resolución de ayudas publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en febrero de 2012, ya con Mariano Rajoy en la Presidencia, aparece como beneficiaria de la citada ayuda la sociedad Corchera de Jimena S.L., en la que Rodríguez de la Borbolla figura como administrador solidario desde el 16 de marzo de 2011. La empresa, con domicilio social en el kilómetro 73 de la carretera de Sevilla a Cazalla, se dedica a «la instalación y posterior funcionamiento de una industria de recepción, reposo, clasificación, tratamiento y transformación de corcho» en el Parque de los Alcornocales, en el municipio gaditano de Jimena de la Frontera.
En la misma convocatoria de 2011, el Ministerio de Industria otorga otra subvención de 300.000 euros a Corchera del Moncayo S.L., en la que Ángel Rodríguez de la Borbolla Camoyán aparece inscrito como apoderado desde el 2 de mayo de 2013, según el Registro Mercantil. Esta fábrica de tapones de corcho, radicada en la localidad soriana de Olvega, recibió una segunda ayuda de 150.000 euros con cargo al mismo programa estatal.
A finales de octubre de 2011, cuando las revelaciones del caso ERE ocupaban portadas en la prensa y abrían los telediarios, el Gobierno de José Antonio Griñán solicitó a la juez que abrió esta causa de corrupción, Mercedes Alaya, la imputación de siete personas vinculadas a una «trama» de 18 empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Entre los denunciados estaba el propio Ángel Rodríguez de la Borbolla, además de los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago, beneficiados con otros 34,26 millones de euros del fondo de los ERE. «Es evidente que la concesión de ayudas por el señor Guerrero [exdirector general de Trabajo de la Junta] a las empresas se realizó omitiendo deliberadamente trámites tan esenciales a fin de eludir la determinación del objeto de la subvención», precisaba en su escrito el letrado de la Administración autonómica, que está personada
como acusación particular en la causa.
Un proveedor de las empresas del corcho y excandidato del PP a la Alcaldía de El Pedroso testificó en el juicio que como alcalde de Cazalla de la Sierra Rodríguez de la Borbolla ofició la boda civil de Francisco Javier Guerrero (ya fallecido) en una ceremonia celebrada en una finca «propiedad» del primero y llamada La Vega.
Hoy está previsto que comparezca en el juicio Rodríguez de la Borbolla, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de siete años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta por las ayudas irregulares que recibieron empresas en las que él era socio mayoritario, administrador único o