La Junta le concedió 8,4 millones a pesar de la «nula» documentación
► Los peritos de la Intervención General declaran en el juicio contra el exalcade
El tercer juicio del caso de los ERE, en el que la Audiencia de Sevilla ve las ayudas públicas millonarias que recibieron las empresas del sector del corcho vinculadas al exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla, encara su recta final. Ayer, el tribunal pudo escuchar a los tres peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que se convirtieron en protagonistas en la vista oral de la pieza política de esta macrocausa de corrupción.
Y de nuevo los peritos desglosaron algunas de las irregularidades en el sistema de concesión de las ayudas. En concreto, se centraron en la falta de documentación que manejó la Consejería de Empleo para otorgar estas ayudas. Ángel Turrión, el portavoz de los peritos, aseguró que la Dirección General de Trabajo concedió 8,4 millones al entramado empresarial de la Sierra Norte del exalcalde socialista pese a la «nula» documentación existente en los expedientes analizados. Los papeles eran «escasos».
Ésta fue la respuesta a la primera pregunta de la representante del Ministerio Público. Según Turrión, únicamente pudieron analizar algunos convenios entre la Dirección General de Trabajo y el Instituto de Fomento de Andalucía (posterior Agencia IDEA) para la concesión de la ayuda o dos memorias «sin firmar ni fechar». En cambio, enumeró que «no existe solicitud de las subvenciones, ni compromiso del beneficiario, ni un papel de concesión, ni justificación de la actividad subvencionada, ni una actuación de la Junta para controlar el gasto del dinero». El perito, además, afirmó que como denominador común de las decenas de ayudas analizadas está la «indefinición» del objeto de la ayuda, o una descripción «muy genérica», hasta el punto de que no se puede considerar subvencionable, como ocurre con las empresas de Rodríguez de la Borbolla.
Aquí precisó que hay dos convenios correspondientes a dos ayudas de 1,2 millones de euros a Cortansa y a Corchos de Cazalla «para propiciar la fusión entre ambas empresas, lo que no se produjo», según Turrión. Eso fue en 2001. Tres años más tarde, las mismas empresas reciben 600.000 euros cada uno con el mismo fin: «propiciar la fusión definitiva, un objeto difuso que no llegó a producirse». «Ni una sola mención se hace al empleo» en la documentación. Parte de los fondos se desvió al pago de deudas con la Seguridad Social, según Turrión..
Según los peritos, Borbolla recibió hasta 3,6 millones de los parados andaluces para «fusionar» dos empresas
El exalcalde socialista de Cazalla fue denunciado en octubre de 2011 por la Junta, que consideró que las ayudas eran irregulares
Corchera de Jimena S.L., de la que era administrador solidario, recibió 1,2 millones en ayudas para reindustrialización en 2012
apoderado. Comparte el banquillo con otras cuatro personas, acusadas también por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en el tercer juicio de la macrocausa de los ERE que celebra la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla. Se trata del actual alcalde socialista de Cazalla, Sotero Martín Barrero, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias empresas; el coadministrador Rogelio B.M.; un empresario portugués identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario, Gerardo C.E.
Mecanismo defraudatorio
Las ayudas concedidas al entramado del corcho forman una pieza separada de la macrocausa troncal de los ERE, que está dividida actualmente en 139 piezas, de las que 42 están pendientes de juicio. El magistrado que se hizo cargo de estas diligencias señala que los cuatro empresarios acusados «participaron directamente en el mecanismo arbitrario y defraudatorio de concesión de aquellas prestaciones».
El magistrado apartó de esta pieza a Guerrero y a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández porque ya se sentaron en el banquillo en la primera pieza de la macrocausa que se ha juzgado. En dicho proceso fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. por implantar y mantener durante diez años (2000-2009) un sistema opaco para repartir de forma discrecional ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. La sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo.