CUENTA ATRÁS PARA EL DESHIELO ENTRE ARAGÓN Y CATALUÑA
Justo cuando está a punto de cumplirse el 30º aniversario de Barcelona 92, el mejor ejemplo de unidad entre administraciones, y a escasas horas de la fecha límite que ha marcado el COE, la concreción de una candidatura para que España opte a los Juegos de Invierno de 2030 sigue encallada por cuestiones políticas
Tiempo casi de descuento para un proyecto que tendría que sacar la mejor cara de España, y que solo acumula nervios y disgustos por todos lados. El culebrón para presentar una candidatura española de Cataluña y Aragón para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 afronta sus últimas horas antes de llegar a este viernes, el día que Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), marcó como fecha límite para fraguar una propuesta definitiva. Ayer, en un comunicado, el organismo español recordaba que sigue trabajando y mantiene los contactos para materializar un planteamiento conjunto.
Blanco espera poner fin de una vez por todas a una polémica que dura meses y bajar la pelota al suelo para encarar así la que es la batalla importante: la preparación técnica de una candidatura que pueda encandilar al Comité Olímpico Internacional (COI) para albergar unos juegos en que la nieve es la gran protagonista en un país en el que uno de sus grandes atractivos es el sol. Aun con ese escenario, los expertos llevan años trabajando en un proyecto ganador y, aunque todo parece empantanado por cuestiones políticas, se espera que las últimas horas sean fructíferas para conseguir un acuerdo que, como ocurrió en Barcelona 1992, pueda dar grandes frutos para el conjunto de España.
Y es que, justo cuando están a punto de cumplirse 30 años de los Juegos Olímpicos de la capital catalana, ese es el mejor ejemplo a seguir. Entonces, Gobierno, Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona lucharon codo con codo para conseguir la cita. Ahora, paradojas de la vida, la unión de dos comunidades que querrían no compartir los Juegos y que en otras ocasiones, con más o menos ímpetu, lo intentaron por su cuenta, es el problema.
En la práctica, es de justicia reconocer que la iniciativa era, en un primer momento, catalana y que la Ge
neralitat se acabó abriendo a la colaboración con Aragón sabiendo que sus únicas opciones pasan por ahí al haber sido tajante el Gobierno en pedir una candidatura unitaria. Sin embargo, la última propuesta que estaba sobre la mesa del COE, y que habían trabajado equipos técnicos de ambas autonomías, sigue encallada porque la Dirección General de Aragón la rechazó por «injusta».
Reparto de pruebas
Entre las cuestiones en el barro están el reparto y emplazamiento de pruebas: a Aragón le corresponderían 54 disciplinas frente a 42 para Cataluña, pero el hecho de que las catalanas fueran reinas, como el esquí alpino, y que no todos los valles oscenses tuvieran pruebas, entre otros motivos, enfadó a los maños. Aragón ha llegado a proponer un reparto de modalidades por género, una iniciativa que buena parte del sector ve como rocambolesca. No es difícil de imaginar, a la vista de los hechos, que todavía más enrevesada pueda ser la elección del nombre de la candidatura –en muchas ocasiones se ha hablado de Pirineos Barcelona por la fuerza de la marca de la capital catalana– o qué ciudades se quedan con las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos.
Mientras aquí se debaten estas cuestiones otras candidaturas parten con ventaja. De momento, Sapporo (Japón) se cuelga la vitola de favorita y parece ir un paso por delante de Salt Lake City (Estados Unidos) y Vancouver (Canadá). Todas ellas esperan el anuncio oficial del COI, que prevé dar a conocer su elección en 2023. Sapporo es la propuesta más sólida a ojos de la entidad que preside Thomas Bach, ya que es una candidatura diseñada para los Juegos de Invierno de 2026, propuesta aplazada a causa del terremoto de Hokkaido de 2018, que varió las prioridades del Gobierno japonés, más preocupado por reconstruir las zonas afectadas que por la cita olímpica. Subsanados los daños causados por el seísmo, Sapporo presenta la ventaja de una infraestructura ya construida para los Juegos de 1972.
La gran alternativa a Sapporo es Salt Lake City, que fue sede de los Juegos de 2002 y no necesitaría realizar grandes modificaciones. Desde la candidatura estadounidense se insiste en aprovechar las mismas instalaciones e infraestructuras que, además, están bien mantenidas. El COI también valora positivamente la latitud de la apuesta americana, ya que sus condiciones climáticas son idóneas para los deportes de invierno.
El tercero en discordia es Vancouver, con una tesitura similar a la que atraviesa la candidatura española, ya que la propuesta canadiense depende de las elecciones municipales que se celebrarán en octubre. Discusiones parlamentarias al margen, Vancouver presenta el mejor proyecto técnico y sin la necesidad de invertir en instalaciones porque las que tienen son de alta calidad. A ello, como en Salt Lake City, se suma a favor el factor del clima. Sin olvidar que en la ciudad canadiense los deportes de invierno son cotidianos y generan un gran interés social.
Cuestiones técnicas al margen, lo cierto es que los movimientos tácticos de ambos gobiernos autonómicos han sido de manual. Cataluña, por ejemplo, lleva semanas suplicando un acuerdo que para nada se parece a su línea radical de los últimos años de tensionar relaciones políticas. «Es un acuerdo beneficioso para el país y una muy buena candidatura», clamaba anteayer la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja. Habiendo asumido la necesidad de ir a la par con el Ejecutivo y con su vecina Aragón –con quien han sido sonados sus recientes desencuentros por las obras de Sijena–, desde el Govern aseguran que «no nos encontrarán con salidas de tono o acciones poco justificadas».
Partidarios y detractores
Capítulo aparte es el ajetreo interno en la política catalana. Tanto en ERC como en Junts ha habido discrepancias con el apoyo a la cita y la CUP y los comunes, sus máximos aliados, rechazan la iniciativa por su impacto para el territorio. Además, las comarcas pirenaicas catalanas viven la propuesta con una consulta, que se celebrará el 24 de julio. El pasado fin de semana, unas 5.000 personas se manifestaron en Puigcerdá (Gerona) contra el evento, mientras asociaciones empresariales claman por los Juegos.
Caso aparte es el de Barcelona, cuya alcaldesa, Ada Colau, se ha manifestado en contra de un macroevento de estas características por cuestiones ambientales, pero sin llegar a decir abiertamente ‘no’ a unos Juegos que su militancia no quiere.
En Aragón, también existen discrepancias entre el tejido social y económico, aunque ‘a priori’ todo parece más proclive a recibir la competición. Su Gobierno, sin embargo, sigue empecinado en exigir una candidatura «igualitaria» y que «no sea una falta de respeto». «Estaremos encantados de suscribir una candidatura conjunta siempre y cuando haya igualdad entre el Pirineo aragonés y el catalán en cantidad y calidad de las pruebas, y haya igualdad entre Barcelona y Zaragoza», aseguraba recientemente el presidente aragonés, Javier Lambán.
Él mismo ha llegado a tildar de «insulto a la inteligencia» la propuesta, que ve despectiva, aferrándose a que hay pruebas de primer o segundo nivel, al número de deportistas que acogería cada zona o a los kilómetros esquiables y número de estaciones. A nadie se les escapa que habrá elecciones en 2023 y Lambán opta a un tercer mandato.
Al partido le quedan horas de juego y la esperanza de que un tanto de última hora consiga el acuerdo que Cataluña, Aragón y España necesitan y no quedar así fuera de pista.
Competidores sin rencillas internas NIEVE E INSTALACIONES AL MARGEN, LAS OTRAS REGIONES QUE QUIEREN LA CITA OLÍMPICA PRESENTAN UNIDAD TOTAL EN SUS CANDIDATURAS