Ángel Rodríguez de la Borbolla declara que las ayudas de los ERE eran «especiales»
➤ El socialista admite que usó parte de los 8,4 millones que recibió para saldar deudas
La Audiencia de Sevilla celebra hoy la última sesión del tercer juicio de los ERE, donde el tribunal enjuicia al exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y empresario, Ángel Rodríguez de la Borbolla, por recibir entre 2011 y 2007 por parte de distintos gobiernos del PSOE en la Junta más de 8,4 millones procedentes del ‘fondo de reptiles’, como llamó el fallecido Francisco Javier Guerrero a la partida presupuestaria 31L destinada a ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Cuestionado por la Fiscalía Anticorrupción por el procedimiento seguido para solicitar y recibir las ayudas en cinco de sus empresas, el acusado, hermano del que fuera presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, declaró ayer que el sistema de concesión y las ayudas de los ERE eran «especiales». Sólo presentó una solicitud y un plan de viabilidad que él mismo elaboraba. No las justificó porque «la Junta nunca me lo pidió. Era una función de ellos».
Según el juez instructor, la Junta concedió millonarias ayudas al entramado empresarial de Rodríguez de la Borbolla «prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria».
El propio exconsejero de Empleo José Antonio Viera, condenado en la pieza política de los ERE, reconoció en esta vista oral que «no existía» una convocatoria específica pública de estas, sino que se actuaba «a demanda». Y ayer fue el exalcalde socialista de Cazalla quien aseguró que el procedimiento de concesión era «absolutamente especial» y las subvenciones también eran «especiales».
Rodríguez de la Borbolla se enfrenta a siete años de cárcel por prevaricación y malversación y junto a él se sientan en el banquillo de los acusados el coadministrador de las empresas y exconcejal socialista de Cazalla Rogelio B.M.; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como F.P.M.O.; y Sotero Manuel Martín Barrero, actual alcalde socialista de Cazalla de la Sierra, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas. Estos tres se enfrentan a seis años de cárcel. El quinto procesado es un responsable de una entidad bancaria G.C.E., al que la fiscal pide cuatro años.
Entre los momentos más llamativos que dejó Rodríguez de la Borbolla ayer ante el tribunal de la Audiencia de Sevilla está la explicación que dio sobre la legalidad del sistema. «Hablé con el consejero de Empleo (José Antonio Viera), con el viceconsejero (Antonio Fernández), con el director general de Trabajo (Francisco Javier Guerrero), con el director del Instituto de Fomento de Andalucía, con el viceconsejero de Innovación que había sido alcalde de Estepa (Jesús María Rodríguez Román) y nadie me hizo la más mínima indicación de que el procedimiento (para la concesión de las ayudas) fuera ilegal».
El acusado, quien confesó que esta aventura empresarial lo llevó a la ruina, admitió que desvió parte de los 8,4 millones públicos recibidos a saldar deudas que tenían las empresas con Hacienda, la Seguridad Social, proveedores o trabajadores.
Asegura que habló con Viera, Fernández y Guerrero y no le dijeron que el procedimiento de concesión fuera «ilegal»