Otra vez Europa como coartada
La banda criminal ETA, esa que dicen que ya no existe, asesinó a 869 personas –e las que no se sabe quiénes fueron los autores de 379 muertes–, e hizo sufrir colectivamente a todos los españoles durante medio siglo. También subyugó y lo sigue haciendo a los que hicieron posible su supervivencia y ahora trabajan por su redención con la colaboración activa de los gobiernos de la autonomía vasca y de la Nación. Y esa redención, ya casi consumada, exige como condición irrenunciable que los matarifes dejen de serlo, que se conviertan en personas respetables y admiradas por los suyos mientras los demás miran para otro lado, indiferentes, cansados o conformes porque la paz exige cesiones y olvidos. Así que la profecía de los matones separatistas que se burlaban de las víctimas espetándoles «los vuestros en el hoyo y los nuestros en casa», se está convirtiendo en realidad.
En 2012, 607 terroristas estaban en prisión, hoy quedan 169, de los cuales dos tercios ya gozan de las prebendas que les otorga el Gobierno Vasco con su recién estrenada competencia de prisiones. Pero nada es suficiente porque todo es lo pactado. Las cárceles han de estar vacías de asesinos en un plazo escrito y sellado. Y para que ese compromiso se cumpla los resortes del Estado deben ponerse a su servicio. La derogación de la doctrina Parot fue la primera trampa en la que se utilizó a Europa como coartada para cumplir con las exigencias de la negociación, después vinieron los acercamientos a cárceles
«Lo que importa es exonerar a ETA de sus culpas ante la justicia, ante los españoles y ante la historia»
cercanas al País Vasco, de cinco en cinco cada viernes, las progresiones de grado, las excarcelaciones anticipadas. Y ahora se han sacado de la manga la doctrina Atristain, otro subterfugio con Europa como coartada para invalidar pruebas y anular condenas y sobre todo para que los juicios aún pendientes, las condenas a centenares de años que se deben imponer por los atentados aún sin resolver o sin juzgar, no puedan llevarse a cabo porque se invalide de raíz la detención, incomunicación y obtención de pruebas.
La miseria y la indecencia de los promotores de esta estratagema que se creen astutos cuando lo que son es perversos, nos está haciendo tocar fondo. ¿De quién ha sido la idea? ¿Quién se la habrá susurrado al oído de los que la han llevado a efecto? A esos abogados que tanto dinero tienen para los recursos que presentan, ¿quién les paga? ¿No había interlocución directa entre el Ministerio del Interior y las organizaciones proetarras que defienden a esos criminales? ¿De qué hablaban con el secretario general de Instituciones Penitenciarias en las constantes reuniones secretas que mantenían y que desveló un informe de la Guardia Civil? ¿No será el Estado el que está facilitándoles el camino y les desbroza los obstáculos? Cuando se produjo la derogación de la doctrina Parot, fue el propio juez español Luis López Guerra quien impulsó desde la Gran Sala del TEDH su anulación. Ahora, la Abogacía del Estado no ha argumentado con solvencia cuando ha podido para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diese la razón a España. No ha importado el cuestionamiento de la actuación de jueces y policías en los procesos de detención e incomunicación de terroristas porque se debe cumplir el objetivo de otorgarles la impunidad pactada. Y para ello se han de poner las instituciones al servicio de la causa del mal y se ha de renunciar a proteger los derechos de las víctimas, a que reciban la justicia que les es debida.
Después de todo, los muertos están en el hoyo. Qué importa por lo que muriesen, qué importa lo que significan. Lo que importa es exonerar a ETA de sus culpas ante la justicia, ante los españoles y ante la historia. Eso es lo que algunos consideran «la derrota de ETA».