Un soplo y los filtros del SAS evitaron un pelotazo con la venta de test Covid
El proveedor alertó a Bendodo de una comisión de 5 millones que le exigía el entorno del empresario García Gallardo El Servicio Andaluz de Salud rechazó los maletines con las pruebas porque no superaron dos pruebas técnicas
El fundador de Quality Food es el intermediario en la oferta al SAS de maletines con test
La Junta realizó una doble investigación política y administrativa y cesó al asesor que había tramado con Gallardo la mordida
« No hay por dónde cogerlo, Cristina […] ¿Este Guillermo qué pretende? Pero que esto es un acto delictivo. Delictivo totalmente. Es decir, en una factura de 19 millones que ustedes, sin hacer nada, reciban 5 millones de euros». Félix Guerrero Arias, empresario farmacéutico de Oviedo, pone el grito en el cielo ante las presiones que recibe del entorno de Manuel García Gallardo, para inflar con comisiones disparadas el precio de los test de detección rápida de Covid que quiere vender a la Junta de Andalucía. Sus objeciones se las traslada a María Cristina Romero Morenilla en tres conversaciones telefónicas que mantiene el 22 de septiembre de 2020 con la socia del intermediario en la operación, Manuel García Gallardo. Ambos están investigados judicialmente por supuestos delitos de prevaricación y cohecho. El proveedor de las pruebas diagnósticas, administrador único de Harmonium Healthcare S.L., rechaza cobrar una comisión de 5 millones de euros al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el suministro. La agencia pública tendría que desembolsar 25,45 millones por una partida de test que se venden por 19,44 millones.
Aprovechando la demanda de material sanitario que requiere una pandemia sin precedentes, un asesor de la Consejería de Salud y Familias, el tal Guillermo, al que se alude en la charla, y el intermediario de la localidad gaditana de San Fernando, tramaban supuestamente dar un pelotazo con la venta de unos maletines de fabricación coreana con test Covid, denominados ‘Speedy bag’, que ofertaba el distribuidor asturiano. En el epicentro de este lucrativo negocio se sitúa García Gallardo, el fundador de Quality Food, una compañía de comida envasada que protagonizó una presunta estafa a la Zona Franca de Cádiz.
La venta de test se frustró porque el empresario que los distribuía dio el soplo a responsables del Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos sobre la pretendida mordida. Aparte de que se había inflado artificialmente el precio para obtener un injustificado beneficio económico, el producto no era fiable. Las directoras gerentes de los hospitales Virgen del Valme de Sevilla y Virgen de las Nieves de Granada, María Jesús Pareja Megías y María de los Ángeles García Rescalvo, respectivamente, evaluaron los test y certificaron que éstos no eran eficaces.
«Se producen dos circunstancias que hacen que el negocio fracase: por un lado, el empresario no acepta el cohecho y, por otro, aunque lo hubiera hecho, el producto no resulta aceptado», concluye la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional. Su atestado, de 373 páginas, forma parte de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla.
Finalmente, la compra no se materializó. «La perspectiva de obtener un lucro injusto a costa de la Administración pública», como apuntaba la UDEF, se diluyó como azucarillo en el café.
A diferencia de lo que ocurrió con la venta de mascarillas de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño al Ayuntamiento de Madrid, en el Gobierno andaluz sonaron las alarmas antes de consumarse la adquisición.
Desde que el empresario asturiano alertó de la exagerada comisión al consejero de Presidencia, Elías Bendodo, hasta que los test son rechazados, la Junta de Andalucía desarrolla una doble investigación, política y administrativa, en la que se suceden las llamadas entre el proveedor y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz, así como las reuniones entre ambos para tratar de averiguar hasta dónde llegaban los tentáculos de la presunta trama delictiva.
La llave de entrada
Las sospechas recaen desde el principio sobre un asesor de la Consejería de Salud, Guillermo María González Pérez, que le reclama supuestamente un incentivo «para ellos», según comenta García Gallardo al distribuidor sanitario en una videoconferencia. La Junta actúa con una «diligencia destacable», observa la UDEF. Abre al citado cargo de confianza un expediente administrativo interno por el que, primero, es apartado de sus funciones y, posteriormente, destituido el 10 de diciembre de 2020. El funcionario que lo instruye ordena realizar una copia de seguridad del correo corporativo del asesor, cambiar sus contraseñas y requisar su disco duro para examinarlo.
La Policía presume que Guillermo González previno de las pesquisas al intermediario y borró los mensajes de su cuenta de correo y del ordenador en un «intento de eliminar posibles pruebas». Esta maniobra explica que pasen más de dos meses «de práctica inacción», desde que el ofertante da la voz de alarma a la Junta hasta que se incoa
la instrucción interna. El 11 de diciembre de 2020, Salud denuncia los hechos ante la Fiscalía Superior de Andalucía.
Como consecuencia, se abre una investigación judicial que se saldó con la detención de García Gallardo en la puerta de su chalé en San Fernando el 2 de febrero pasado. Este empresario había sido condenado por el citado caso de corrupción en la Zona Franca de Cádiz en un juicio que el Supremo ha ordenado repetir porque el tribunal gaditano no aceptó una prueba pericial.
Además de García Gallardo, su hermana Ana María y su socia María Cristina Romero fueron arrestadas y puestas en libertad con cargos tras declarar ante el juez. El juzgado también investiga al asesor Guillermo González Pérez, que compaginaba su cargo de confianza en la Junta con la Secretaría General del PP de Cabra, puesto del que dimitió a raíz de la investigación y se dio de baja como militante.
Este cargo eventual fue la llave de entrada de intermediarios totalmente innecesarios a la Administración para obtener jugosos dividendos en plena pandemia. La Policía asigna a
Guillermo González el rol de «instigador de la operación» en la que Manuel García Gallardo «trató de lucrarse de manera desmesurada». Para vencer las reticencias del vendedor de los test, los comisionistas aluden a un «mandato de la Junta de Andalucía» para suministrar el producto que no existía y era «simulado», sostiene la UDEF.
Las sucesivas conversaciones que el proveedor mantiene con «el entorno de García Gallardo» fueron grabadas por el primero. Los audios están incorporados al sumario como pruebas.
El 22 de septiembre de 2020, Félix Guerrero manifiesta a los intermediarios su oposición a una mordida que califica de «aberración» y «salvajada». Ese mismo día, llama por teléfono al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, vecino suyo en la urbanización donde ambos veranean en la Costa del Sol, para alertarle de la «excesiva cantidad» solicitada como comisión por la venta de los maletines con los test Covid, según recoge el atestado. El empresario que los suministraba pone al corriente a Bendodo de la participación de Guillermo González –al que presentaban como jefe de gabinete sin serlo– y de Manuel García Gallardo, cuya dudosa reputación como empresario enciende las primeras alarmas.
Félix Guerrero era director comercial de Labiana Pharmaceuticals S.L., empresa que lo despidió pocos días después. Ana María García Gallardo contactó con él en agosto de 2020 para comentarle que «tenía un mandato de la Junta para suministrar test» y quería saber si la firma distribuía el producto para hacer caja con la venta.
La comisión se rebaja
El 23 de septiembre de 2020, Guerrero envía al asesor y a la gerente de Virgen de Valme la oferta final que se presenta al SAS y que le había remitido Manuel García Gallardo. Tras las reservas mostradas por el proveedor, los 5 millones de euros de incremento inicial en el precio se rebajaron a 1,62 millones. A la Junta le saldría la prueba (maletín y test) a un precio unitario de 16,21 euros. Se hicieron diversos escalados para 1.200.000, 600.000 y 240.000 unidades. Cuanto mayor fuera el pedido, la prueba se encarecía, aun sin comisiones irregulares, detalló Guerrero en su declaración judicial.
Entre tanto, el viceconsejero Antonio Sanz contactó con el asesor para aclarar su papel en el negocio. El 29 de septiembre siguiente, el distribuidor asturiano comenta por teléfono a Sanz que ha debido de haber una filtración en la Junta porque García Gallardo había exculpado al asesor en una conversación que ambos mantienen. «Nadie sabe por dónde van los tiros», le comenta Sanz, a quien Bendodo encarga las indagaciones a nivel político. En una reunión posterior, Sanz manifiesta al proveedor que es Guillermo quien tiene relación con las empresas. El 9 de octubre, el SAS envió un correo al proveedor en el que le comunica que la oferta de los test había sido descartada.