El hermano de Puig culpa a la Generalitat de los posibles errores en las ayudas que recibió
▶ Defiende el uso de las mismas facturas para pedir subvenciones en dos comunidades
Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, declaró ayer como imputado ante el juez que investiga la supuesta falsedad documental y el presunto fraude en la concesión de subvenciones –más de 1,2 millones en total– a las productoras que administran él y sus socios, por parte de los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, entre 2015 y 2018. En una comparecencia que se prolongó durante cuatro horas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, Puig se centró en intentar desmontar el informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial –un documento de 400 páginas lleno de «numerosos errores», a juicio de su abogado– que reveló cuatro tipos de irregularidades en la justificación de las ayudas públicas concedidas a Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions.
Fuentes jurídicas presentes durante la declaración señalaron a ABC que Francis Puig responsabilizó al Gobierno que lidera su hermano de no haberle informado de las posibles incorrecciones en los documentos presentados. También incidió en que nunca se les requirió que devolvieran ningún importe. El letrado de Puig, Javier Falomir, defendió el uso de las mismas facturas para justificar ayudas en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. «¿Significa eso que estamos imputando el 100% del gasto en los dos? No, no tiene nada ver. Luego es la Administración la que decide qué nos subvenciona y qué no. Pero aquí lo importante es que Valencia, cuando resuelve la subvención, en nuestro caso y en el de todas las empresas que la solicitan, jamás cuando resuelve te dice qué gastos se han imputado», aseveró.
Falomir lamentó el «daño» infligido a su cliente y a la familia de éste y explicó que se había comprometido con la fiscal a aportar «en breve» toda la documentación necesaria para solventar las dudas del Ministerio Público. El juzgado está a la espera, además, de que la Intervención de la Generalitat Valenciana y la catalana remitan sus respectivas auditorías sobre el dinero público otorgado.
La principal cuestión a dirimir es si la cuantía presuntamente defraudada supera el máximo de 120.000 euros para que el proceso se siga por la vía penal o se resuelva, en caso de que se demostraran las irregularidades, con una sanción administrativa. La defensa de Puig descarta el primer escenario y se centra «exclusivamente en si ha habido alguna falsedad con alguna factura». El investigado no contestó a las preguntas del abogado del PP, que ejerce la acusación particular en esta causa abierta desde 2019 tras una denuncia del mismo partido. Por su parte, Ximo Puig se limitó a recalcar ayer que si se observan irregularidades, «la Generalitat pedirá las compensaciones o lo que corresponda».