Bruselas revela que Sánchez mantiene su plan para subir impuestos en 2023
►Da por sentado que el Gobierno activará las medidas fiscales a que se ha comprometido antes del próximo abril
La Comisión Europea da por hecho que el Gobierno cumplirá su compromiso y aprobará de aquí al primer trimestre de 2023 la gran reforma fiscal que viene anunciando casi desde el inicio de la legislatura y cuyo objetivo es elevar los ingresos por impuestos en España para aproximarlos a la media de la UE, lo que le exige generar decenas de miles de millones de euros de nueva recaudación.
Así se recoge en el informe sobre España publicado ayer por la Comisión Europea en el marco del semestre europeo, el procedimiento de control fiscal que Bruselas puso en marcha tras la gran crisis financiera y que busca orientar las políticas económicas de los países miembro para evitar tener que rescatarlos después. El documento dice de forma expresa: «En cuanto al sistema fiscal, este va a ser objeto de una amplia reforma. Un paquete de medidas en el ámbito de la fiscalidad, que incluye medidas contra el fraude fiscal y una amplia reforma fiscal, está en camino y se prevé que entre en vigor en el primer trimestre de 2023».
El camino que tiene perfilado el Gobierno es conocido, porque ya se ha comunicado a Bruselas en más de una ocasión, y está asfaltado con subidas de impuestos. La lista es larga: impuesto sobre Patrimonio, impuesto de hidrocarburos (diésel), impuesto de matriculación, impuesto de circulación, impuesto al transporte aéreo, los famosos peajes en vías de alta capacidad, subida de cotizaciones sociales y un puñado de figuras de fiscalidad verde: impuesto a los plásticos de doble uso, impuesto a los gases fluorados, impuestos a los vertederos o impuestos a las aguas residuales.
Y no se queda ahí la cosa porque las disposiciones operativas firmadas por el Gobierno de España con la Comisión Europea, cuyo cumplimiento o incumplimiento determinarán si España recibe o no los fondos que tiene preasignados, prevén que el Ejecutivo tenga en consideración las medidas de reforma fiscal planteadas por el Comité de Expertos reunido por el Ministerio de Hacienda, lo que abre el potencial abanico de subidas al IRPF, principalmente a la imposición sobre el capital; al IVA, el impuesto sobre Sociedades,
los impuestos de Sucesiones y Donaciones y a nuevas figuras ambientales y sobre la economía digital con un impacto agregado de 15.000 millones de euros.
El informe país sobre España publicado ayer por Bruselas no entra en las medidas concretas que el Gobierno debe poner en marcha ni en el impacto sobre los ingresos que deberían tener, pero sí menciona que la reestructuración del sistema fiscal es básica dentro del plan de consolidación fiscal que España deberá activar ya en 2023 para devolver sus cuentas públicas a un equilibrio razonable y aliviar su actual situación de vulnerabilidad.
Impuestos verdes e IVA
Tampoco entra en las consideraciones tácticas que han llevado al Gobierno a moderar su discurso en torno a las subidas de impuestos y a deslizar que no se adoptarán medidas de alza fiscal hasta que la economía no recupere una cierta velocidad de crucero. Una flexión de relato que algunos atribuyen al ciclo electoral.
La Comisión, por el contrario, le da una importancia fundamental no solo a la reforma fiscal sino a la adecuada orientación de la misma, hasta el punto de que dedica un apartado en su informe sobre España a realizar un diagnóstico sobre dónde se encuentran las brechas fiscales que separan a los ingresos domésticos del estándar UE.
El diagnóstico de Bruselas no coincide con el del Gobierno. Mientras el planteamiento del Ejecutivo habla de subir el IRPF a las rentas altas, de elevar la imposición a las rentas del capital, de que las grandes empresas contribuyan más al bienestar común a través del impuesto de Sociedades y de subir las cotizaciones sociales, la Comisión Europea se fija en la brecha existente en la fiscalidad verde y, sobre todo, en el IVA.
El análisis de la Comisión detecta que el peso de los impuestos sobre el trabajo (IRPF y cotizaciones sociales) es mayor en España que en otros países y que algo similar sucede con los impuestos sobre el capital y sobre la propiedad, en tanto que la brecha se concentra en los impuestos al consumo (IVA) y en los impuestos verdes.
La reforma fiscal, dicen los funcionarios de la Comisión, «es una gran oportunidad para hacer hincapie en los impuestos más propicios para el crecimiento económico y reducir el peso de los impuestos al trabajo sobre la recaudación fiscal».
Riesgo fiscal elevado
La Comisión Europea se alinea con el clamor de instituciones y expertos que le piden al Gobierno que formule ya una senda de consolidación fiscal a medio y largo plazo,
Bruselas exige al Gobierno medidas para compensar el sobrecoste para el sistema de actualizar las pensiones en función de la inflación
no tanto para empezar a realizar ajustes ya sino para enviar un mensaje a los agentes del compromiso de España con la consolidación fiscal.
La Comisión admite que las cuentas públicas españolas no corren riesgo en el corto plazo, gracias sobre todo al reducido coste al que se puede financiar, pero que a medio y largo plazo sus elevados niveles de deuda y de déficit estructural le exponen a problemas ante cualquier sobresalto del ciclo.
Bruselas anunció ayer que prolongará un año más la suspensión de las reglas fiscales, pero también le advirtió a países altamente endeudados, como España, que con vistas a 2023 sus gastos no podrán superar el crecimiento nominal de la economía y que exigirá resultados tangibles en el proceso de consolidación fiscal.
En el caso de España, la Comisión, como ya hiciera el Banco de España hace apenas unos días, espera que el Gobierno empiece por dar un enfoque más selectivo a las medidas adoptadas para hacer frente a la inflación y menciona de forma singular la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de electricidad y la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad, que ve como demasiados generales.
Bruselas no oculta su escepticismo con las reducción de déficit y deuda que prevé el Gobierno. El escenario central que maneja la Comisión es que España bajará hasta el 110% del PIB sus niveles de deuda en los próximos tres años, pero que luego volverá a elevar su endeudamiento hasta quedarse anclado en el 115% del PIB.
La Comisión señala también las pensiones como uno de los principales vectores de preocupación. Estima que la decisión del Gobierno de volver a actualizar las pensiones con la inflación le va a obligar a adoptar medidas que compensen ese sobrecoste para el sistema público y no se ahorra recordar que con la legislación anterior el gasto público en pensiones iba a bajar.