La UE avisa a España: fin a la barra libre de gasto por su altísima deuda
►Calviño pide que la Comisión cambie la regla de gasto antes de que vuelva a aplicarse
La Comisión Europea ha decidido prolongar la «cláusula de escape» del pacto de estabilidad un año más, por lo que no va a sancionar a los países que superen los límites de déficit y deuda, pero impone la condición de que el aumento del gasto de los países altamente endeudados como España esté por debajo del crecimiento previsto de la economía. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, explicó ayer en la presentación de las recomendaciones del semestre europeo que con esta decisión «no proponemos un gasto sin límite», sino que se espera que los gobiernos que lo necesiten usen este margen presupuestario «para fomentar inversiones para limitar los efectos de la crisis provocada por la guerra» y sobre todo hacerlo en el campo de la transición y la independencia energética, que también se señala como uno de los muchos puntos débiles de la economía española junto al aumento de la deuda.
El anuncio de la Comisión coincidió con una reunión del Eurogrupo y la titular de Asuntos Económicos, la vicepresidenta primera Nadia Calviño, tuvo tiempo a su llegada a Bruselas de decir que la decisión de prorrogar un año más la suspensión de las reglas fiscales le parece bien, pero que su verdadero objetivo es que la Comisión acceda a cambiarlas cuanto antes para permitir una mayor liberalidad en el gasto público. Para Calviño, esta prórroga «no debería retrasar el necesario trabajo de revisión de las reglas fiscales», para que respondan a las «necesidades y prioridades de la UE». También pidió a la Comisión que lance su propuesta «con el tiempo suficiente» para permitir cambiar las reglas de limitación de gasto antes de que se reactiven. El Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con resistir hasta el fin de la legislatura, de modo que las elecciones tendrían lugar en 2023 y no sería lo mismo tener o no un tope riguroso de gasto público para entonces.
Por ahora, la idea de la Comisión, al contrario, es mantener una política fiscal «prudente» en el caso de España para garantizar una reducción paulatina de la deuda «creíble» y «gradual», así como una la sostenibilidad fiscal a medio plazo a través de las reformas eficaces en la gestión económica porque en realidad advierte que los niveles de deuda y la ratio sobre el PIB está en niveles «muy superiores» a los de antes de la pandemia.
En su análisis, la Comisión Europea ha apuntado que los préstamos dudo
España está en la lista de países con desequilibrios en la economía por la elevada deuda publica y privada y el desempleo.
sos han continuando descendiendo. Si se aplican los criterios definidos ayer por el Ejecutivo comunitario, el margen de maniobra que le queda al Gobierno es muy estrecho. Las previsiones de primavera prevén un crecimiento del 4% este año y del 3,5% el que viene, lo que no permitiría al Gobierno gastar mucho más allá de los límites habituales del pacto de estabilidad que está en el 3%. El déficit previsto para España este año por la Comisión es de 4,9%, aunque el Gobierno confía en el aumento de la recaudación. De hecho, Calviño dijo que esa recomendación de la Comisión sobre la política «prudente» en el gasto «ya la está cumpliendo» el Ejecutivo del que forma parte.
Además de las reformas estructurales, este semestre el informe específico sobre España advierte que se necesita «una inversión significativa para renovar los edificios públicos y privados, reducir las emisiones del transporte, generar y distribuir energías renovables, para agua y la gestión de residuos y apoyar la reconversión y adaptación de las competencias de la mano de obra». Insiste en que «los factores estructurales siguen obstaculizando el crecimiento de la productividad» y cita en concreto la falta de reformas en innovación y transformación digital, las ineficiencias del mercado interior y las barreras regulatorias que han levantado las comunidades autónomas y que la Comisión lleva décadas pidiendo que se eliminen.
Bruselas advierte también que la sostenibilidad de la reforma del sistema de pensiones sigue estando en entredicho. Opina que la reforma que ha incluido la indexación con el IPC no es la mejor opción para mejorar la sostenibilidad, dado que «se preveía una disminución del gasto con arreglo a la legislación anterior». Por ello, en este nuevo escenario considera imprescindible que se introduzcan «medidas compensatorias», por lo que dice que cuando tenga que evaluar el próximo tramo de las ayudas de los fondos Next Generation verificará si se han dado pasos para garantizar su financiación, para lo que sugiere prolongar los años de trabajo y el retraso real de la edad de jubilación.