El hermano de Puig justificó ayudas con un alquiler y arreglos del coche de familiares
►Defiende ante el juez que la Generalitat no cuestionó los gastos ni pidió reintegros
Francis Puig reconoció ante el juez que justificó ayudas públicas con gastos que abonó a algunos de sus familiares más cercanos, aunque argumentó que ese dispendio estaba relacionado con la actividad de las productoras audiovisuales que administra, Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions. El hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, prestó declaración este lunes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que investiga un presunto fraude de subvenciones y falsedad documental por las ayudas que estas mercantiles –y Canal Maestrat, de sus socios, los Adell Bover– recibieron de los gobiernos valenciano, catalán y aragonés entre 2015 y 2018.
Durante la comparecencia de cuatro horas, a la que ha tenido acceso ABC, la fiscal interrogó a Puig sobre las presuntas irregularidades que la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial revela en un informe aportado a la causa. En el capítulo relativo a lo que la Guardia Civil denomina «gastos no subvencionables». Puig admitió haber justificado subvenciones con recibos del alquiler a una nave agrícola propiedad de su padre, a razón de 225 euros mensuales, para usarla como almacén. Del mismo modo, preguntado por dos reparaciones del coche de su hermano Jorge Puig a cuenta de Mas Mut, el administrador alegó que, como no se pagaban dietas a los trabajadores por el uso del vehículo personal, se había acordado sufragar el combustible y las visitas al taller como compensación. No obstante, la productora tenía un todoterreno en propiedad, pues se incluyó en una de las convocatorias el impuesto de circulación.
En ese apartado, también se utilizaron recibos de ‘Morella vacaciones’ –el nombre de la agencia de viajes de la mujer de Francis Puig– para incluir como gastos subvencionables el alojamiento en distintos hoteles y billetes de tren. Gastos de ‘desplazamiento para gestiones’ con clientes de Cataluña, según aseguró el imputado ante el magistrado. Respecto a otras partidas puestas en duda por la Benemérita, como los servicios de gestoría o las alarmas de seguridad, Puig descargó la responsabilidad sobre los técnicos de la Generalitat Valenciana, que «dudaban de qué gastos se podían incluir o no y consultaban a Intervención». «Nunca nos dijeron si esos gastos podían entrar o no». «Nuestro criterio es que entrarían porque son nóminas» y «forman parte de nuestra generación de contenidos», se defendió.
En ese sentido, en cuanto a la utilización de las mismas facturas para justificar ayudas en la Comunidad Valenciana y Cataluña, el hermano del presidente autonómico indicó que ambas subvenciones eran compatibles siempre que no se imputase el mismo gasto al cien por cien, algo que no podían saber porque «Valencia no informa» de cuáles «son válidos» y cuáles descarta. «Incluso después de pasar los controles, nunca nos han cuestionado», «ni nos han abierto ningún proceso de reintegro», aseveró. La causa está pendiente de que ambas administraciones cifren en sendas auditorías la cuantía exacta que se habría defraudado para conocer si se supera el umbral penal de 120.00 euros fijado para este tipo de fraude.