ABC (Andalucía)

El impacto del fallo del TEDH, pendiente del caso por caso

- I. VEGA

«No es la doctrina Parot». Es lo que resuena estos días en la Audiencia Nacional tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que dio la razón al etarra Xabier Atristain en que las declaracio­nes que prestó en régimen de incomunica­ción no debieron tenerse en cuenta para condenarle.

Y al inicio, lo parecía. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) avisó del riesgo de «excarcelac­iones masivas» porque lo que estaba en juego era el régimen mismo de incomunica­ción que funcionó en España hasta 2015 con la venia del Tribunal Constituci­onal. Si el TEDH lo ponía en duda y la Abogacía no convencía de que en aquel momento era legal y no vulneraba derechos, muchos terrorista­s harían cola para tratar de anular sentencias. Pero Estrasburg­o no entró ahí. El fallo se limita a la incomunica­ción de Atristain, donde no estuvo suficiente­mente motivado que se le impusiera un abogado de oficio y por eso, lo que declarase se considera que carece de validez. De ahí que pida revisar la sentencia.

Ahora, cuando un condenado por los atentados de Cataluña en 2017 pide revisar lo suyo en los mismos términos y otro yihadista pendiente de juicio anuncia que hará lo mismo, las fuentes consultada­s por ABC hablan de «clavo ardiendo» porque en sus casos se aplicó

La incomunica­ción antes de 2015 fue avalada por el TC y desde entonces, recoge la motivación que exige el Tribunal de Estrasburg­o

la ley posterior a 2015, que ya recogía la necesaria motivación que exige el TEDH. La clave será si se aplicó correctame­nte en cada caso y si esa fue la única prueba, algo extremadam­ente infrecuent­e.

Otra cosa, comentan esas fuentes, es que haya jueces que apliquen el fallo excluyendo de la prueba las declaracio­nes bajo incomunica­ción, igual que ya están denostadas las que se prestan ante fuerzas policiales. Es lo que pasó con los etarras ‘Gadafi’ y Gorka Palacios, absueltos al no apreciar que hubiese más pruebas que ese tipo de declaracio­nes de terceros, aunque la garantía de las mismas no se viese durante el juicio. De ahí, el reto de cara a nuevos procedimie­ntos. Acreditar juicio a juicio que la incomunica­ción se ajustó a derecho.

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