DEGRADACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Mientras la Generalitat aprueba un decreto para burlar el 25 por ciento de español, Alegría desata una crisis en el Ministerio tras su campaña de adoctrinamiento en los libros de texto

EDITORIALES

MIENTRAS la ministra de Educación, Pilar Alegría, se desentendía ayer de la politización de los libros de texto y daba largas a la actuación de la Alta Inspección del Estado para aplicar la sentencia del 25 por ciento de castellano en los colegios catalanes, el Gobierno de la Generalitat aprobaba un decreto para «la confrontación con la Justicia», según Junts per Catalunya. Es un decreto con el que la coalición separatista que preside Pere Aragonès pretende dar la réplica al plazo impuesto por el Tribunal Superior de Cataluña para ejecutar la sentencia que obliga a impartir en castellano el 25 por ciento de los planes de estudio. Los partidos nacionalistas han reaccionado como es habitual en ellos, con una nueva manifestación de su voluntad de desobedecer las resoluciones judiciales, antesala de la sedición por la que fueron condenados algunos de sus máximos dirigentes por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Este decreto, que solo contempla el catalán como lengua vehicular, pretende blindar a los centros educativos que no apliquen el porcentaje de enseñanza en castellano, y para este fin preconstituye una especie de exención de responsabilidad de las direcciones de los centros con el argumento de que no es posible aplicar «parámetros numéricos, proporciones o porcentajes». Además, prevé que sea la Consejería de Educación la que asuma la responsabilidad última de cada proyecto lingüístico aprobado por las direcciones de los colegios. Es una maniobra burda para evitar la aplicación de la sentencia y una posterior acusación por desobediencia o prevaricación. Sin embargo, la ofensiva contra la protección judicial del castellano en la enseñanza catalana no acaba ahí, porque está pendiente de que el Consejo de Garantías Estatutarias informe sobre el proyecto de ley del catalán, como paso previo a su aprobación.

En este contexto, cualquier criterio de la ministra Alegría resulta irrelevante, pero sintomático, porque la política educativa en Cataluña es materia de comercio en la mesa de Pedro Sánchez con Pere Aragonès. La lejanía con la que la ministra de Educación observa la campaña contra el castellano en el sistema educativo catalán es la mejor expresión de la implicación de su Gobierno en una política de desafección progresiva de Cataluña hacia la Constitución. La otra cara de la moneda es la complacencia de Alegría con la ideologización de los nuevos libros de texto, nacidos al calor de las reformas educativas aprobadas por su Ejecutivo. No ha debido de ser muy pacífica la recepción interna de esta polémica en el ministerio, porque ayer mismo fue destituido el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, a pesar de que el Gobierno se siente muy orgulloso de todas las iniciativas en las que Tiana ha estado involucrado, empezando por la ‘ley Celaá’.

La polémica sobre la ideologización de los libros de texto, de la que ABC se hizo eco en exclusiva el fin de semana, no es un hecho al margen de las competencias del Ministerio de Educación. Es cierto que su edición no necesita autorización previa, pero la legislación educativa sí permite a las autoridades administrativas una verificación a posteriori sobre su adecuación al curriculum escolar. Lo lógico es que Alegría no se sienta concernida por las críticas a unos libros que reflejan todo el diccionario de tópicos de la izquierda, incluyendo alabanzas a las políticas de Pedro Sánchez. Cuando luego se den a conocer los informes PISA, se analicen las causas del paro juvenil y algunos se escandalicen por la brecha cultural y formativa entre jóvenes, convendrá recordar el lavado de manos de la ministra Alegría, muy satisfecha con la degradación del sistema educativo español.