El Govern reta al TSJC con un decreto que no garantiza el 25% de castellano
▶ Si la Generalitat no envía hoy las instrucciones para cumplir el bilingüismo, la AEB lo denunciará
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó al consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, que le remitiera las instrucciones enviadas a las direcciones de los centros de enseñanza para dar cumplimiento a la sentencia que fija, como mínimo, el 25% de las horas en las aulas en español, incluyendo al menos una asignatura troncal o análoga, y el independentismo ha respondido con una ley –en trámite– y un decreto ley, aprobado ayer por el Govern y que deberá ser ratificado por el Parlamento autonómico en menos de 30 días, que nada tienen que ver con lo establecido por los magistrados del TSJC.
El objetivo de esta estratagema liderada por el Govern es doble. Por un lado, intentar engañar al TSJC con el 25%; y, por el otro, dar apariencia de blindaje jurídico a los directores de los centros educativos, que son los primeros responsables de los proyectos lingüísticos y están en el punto de mira de la Fiscalía, que en dos escritos previos ya ha advertido con actuar, si no ajustan los proyectos a la legalidad.
Así, está por ver las instrucciones concisas y «clarísimas», en palabras de la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, que hoy mismo el consejero Gonzàlez-Cambray enviará a los colegios e institutos, públicos y concertados, de toda Cataluña. Pero todo indica que no concretará cómo se ha de cumplir el fallo del TSJC, cuyo plazo finaliza hoy. Más bien, lo contrario.
Proyectos lingüísticos
A la espera de estas instrucciones, ayer por la mañana, en una reunión extraordinaria y monotemática, el Govern aprobó (y publicó el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña al mediodía) el Decreto Ley 6/2022, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.
Según Plaja, que atendió a los medios tras la reunión, con esta norma se quiere «dar respuesta a la sentencia» del TSJC de diciembre de 2020 –ratificada por el Tribunal Supremo en 2021– y «proteger el modelo de escuela catalana», es decir, mantener el sistema de inmersión lingüística, modelo que los tribunales han dictaminado que es ilegal tal y como lo aplica la Generalitat, ya que el español queda relegado a una lengua «residual».
A partir de ahora, en base al decreto ley, que tiene cuatro artículos y cinco disposiciones, los centros revisarán sus proyectos lingüísticos, reformularlos, si así lo consideran oportuno, y enviarlos a la Consejería de Educación, que tendrá 30 días para «validar» el proyecto e «instar su modificación en caso contrario». De tal manera que «el departamento competente en materia de educación asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos que valida». Este proceso de validación se deberá llevar a cabo durante los primeros seis meses del próximo curso 2022/2023.
Por otro lado, entre los criterios que fija el decreto ley para la elaboración o el ajuste de los proyectos que recogen el uso de las lenguas en las aulas, se debe tener en cuenta «la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas». Una referencia explícita a rechazar el 25% como mínimo para las lenguas oficiales, español y catalán –más aranés en el Valle de Arán, Lérida– que el TSJC fijó y cuya graduación, entre el 25 y el 75%, sí deja el tribunal en manos de la Generalitat, pero nunca menos de un 25%.
Un día de plazo
Tras conocer el contenido del decreto ley, la plataforma Escuela de Todos, que agrupa a 15 entidades a favor del bilingüismo en Cataluña, advirtió de que la nueva norma «no contradice lo establecido en las decisiones judiciales», es decir, que español y catalán son lenguas vehiculares, que siguen estando vigentes, y que la inaplicación de porcentajes que figura en el decreto ley «no son aplicables al mínimo vehicular del castellano y del catalán». Así, si mañana las instrucciones de Gonzàlez-Cambray «no cumplen con lo exigido por la sentencia» del TSJC, la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que está legitimada en la causa, denunciará la desobediencia del consejero y pedirá «medidas de ejecución inmediata» al tribunal.
El independentismo intenta retirar la responsabilidad de los proyectos lingüísticos a los directores de los centros educativos