«No somos esclavos»
La nueva regulación en las ciudades autónomas impone medidas contra las contrataciones ilegales
Sueldos variables, sin cotización y dependiendo, en muchos casos, de la generosidad del patrón. Esa es la situación que tenían en Ceuta y Melilla gran parte de las empleadas de hogar antes de que, hace dos años, Marruecos cerrara unilateralmente la frontera terrestre con España por la pandemia. Contra eso, para volver a trabajar a España el acuerdo entre países incluye una serie de requisitos para luchar contra la economía sumergida: había casos que rozaban la explotación laboral. «No somos esclavos», asegura Rachida Jraifi, portavoz del colectivo en Ceuta y que trabaja como empleada de hogar.
Ella es una de las mujeres que se quedó en el lado español de la verja durante los más dos años de cierre de frontera. En este tiempo, las cosas han cambiado. Ella no ha dejado de estar empleada, pero otros muchos sí. Han visto cómo las empresas se extinguían o sus contratos eran interrumpidos. Ahora tienen que iniciar un largo proceso para volver a entrar en este régimen, pero ya no es tan sencillo. «Eso no somete al jefe. Si nos echan ya no nos contrata nadie. Estamos sometidos al amo», explica la portavoz.
Además, afirma que hay trabajadores a los que se les ha cortado el contrato, la mayoría, 1.700 de 1.800, según ha reconocido la Delegación del Gobierno de Melilla. Ellos no pueden pasar a España a pedir el finiquito, a tramitar su jubilación o a hacer trámites bancarios. «Hay quien se quedó, le echaron de casa y está viviendo pidiendo favores; si se va a Marruecos no va a poder volver», señala Jraifi.
Y es que los requisitos para la contratación han cambiado. «Ahora no pueden entrar sin contrato. Antes los podías conocer en la ciudad, porque venían y se ofrecían. Ahora no. El perfil tiene que estar inscrito en el INEM, como todos los demás», señala Arantxa Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Explica que ya sólo se van a coger los perfiles que no estén en la ciudad, porque antes de optar por un transfronterizo hay que evaluar todos los candidatos que salgan en la lista del Servicio Estatal Público de Empleo y hay que rechazarlos con motivos de peso.
Ahí es donde ha cambiado el juego. Ahora el contrato es obligatorio y se le tiene que pagar el sueldo mínimo interprofesional a perfiles que antes no se hacía, como son las trabajadoras del hogar. «Antes cobrabas según la generosidad de tu empleadora: cinco, seis, ocho euros… No eran diez euros como en la Península. Era lo que te daban», afirma Jraifi en una ciudad donde se podía tener una interna de servicio en casa por 400 euros al mes, en muchos casos sin contratos y trabajando en varias casas a la vez.
Eso ahora es impensable con las nuevas regulaciones y pasa también en otros sectores, como la carpintería, la mecánica o la pintura. «Un perfil que va a hacer falta es el de la construcción. En Ceuta faltan cuadrillas y no se pueden traer de la Península porque hay trabajo allí. Se va a tener que tirar de empleados de Marruecos», asevera Campos, quien señala que las bonificaciones fiscales que tienen las contrataciones para las empresas –un 60% del IRPF ó el 50% en cotizaciones a la Seguridad Social– van a hacer que se tire de la bolsa de Empleo cuando se necesiten profesionales.
Además, las trabas burocráticas a los trabajadores de la frontera tienen una doble lectura. Por un lado, no sólo se acaba con un mercado laboral atípico con acusaciones de explotación e irregularidades, sino que se incentiva la contratación dentro de las propias Ceuta y Melilla. Si ha llegado a haber casi 7.000 personas que pasaban la frontera diariamente para trabajar, ahora esos contratos se espera que se repartan, en una inmensa mayoría, entre los parados. Lo cual no sólo genera empleo, sino que -según las fuentes consultadastambién aligera la carga de ayudas sociales como el Plan de Empleo o el Ingreso Mínimo Vital que tiene que repartir el Gobierno central.