La exconsejera Artadi acudió a dos reuniones con rusos por orden de Puigdemont
Dmitrenko niega ser un espía y desvincula a Alay de la operación de compra de gas
Nuevo capítulo de la trama rusa del ‘procés’, por los contactos del entorno de Carles Puigdemont con emisarios del Kremlin. Este martes declaró como testigo ante el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona la exconsejera de Presidencia y exconcejal Elsa Artadi (Junts), quien admitió haber acudido a una reunión en el Hotel Colón de la capital catalana para hablar sobre criptomonedas. En dicho encuentro había, al menos, un ciudadano ruso. Fue el expresidente fugado quien la hizo asistir, por su condición de economista.
La cita tuvo lugar entre el 21 y el 24 de octubre de 2017, días antes de la declaración unilateral de independencia (DUI), aunque Artadi no recordaba la fecha exacta. Según la testigo, la reunión no se prolongó más de 20 minutos, e indicó que salió de la misma «sin saber bien de qué iba el tema».
Poco después acudió a otro encuentro con un hombre de origen ruso al que también asistió Puigdemont. En este caso en la Casa dels Canonges de la Generalitat, aunque la exconsejera manifestó no acordarse de qué hablaron, porque no era de su interés.
La citación a Artadi se produce a raíz de la declaración en el juzgado del exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas, que explicó encuentros con emisarios rusos en octubre de 2017, en pleno proceso soberanista, y que Artadi estaba presente en, al menos, uno de ellos.
Terradellas contó que dos emisarios de Rusia, Sergey Motin y Jordi Sardà, le pidieron reunirse con Puigdemont, a lo que él accedió y les recibió en el Palau. En la cita, los emisarios expusieron que estaban interesados en ayudar a Cataluña después de la declaración de independencia.
«Rusia, con España»
Antes de Artadi, declaró ayer como imputado el empresario ruso Alexander Dmitrenko, quien negó ser un espía y señaló que «Rusia iba con España», según fuentes jurídicas presentes en la sala. Una afirmación después de ser preguntado por la exportación de una determinada tecnología a Cataluña, negocio que no llevó a cabo tras ser advertido por sus compatriotas de que «tendría implicaciones políticas», aseguraron los mismos interlocutores.
El juez Joaquín Aguirre, en una pieza separada del caso Voloh, imputó a Dmitrenko por una operación de venta de gas licuado entre Rusia y China, de la que habló, en una conversación telefónica, con Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont. Una charla –intervenida por orden judicial– en la que el primero felicitó «a todos» por haber recibido ya el 5 por ciento del pago acordado: 295.000 dólares. Dicha operación no llegó a buen puerto por el retraso de China en las transacciones. De hecho, el empresario reclama por los impagos en un juzgado de su país.
Pese a que Aguirre y el fiscal inquirieron en varias ocasiones en qué podría haberse visto beneficiada la Cámara de Comercio de Barcelona, de la que el ruso era «embajador», con dicha operación mercantil, Dmitrenko alegó que el porcentaje que él hubiese ganado con su cierre repercutiría en las arcas de Cataluña, donde reside. «¿No tiene nada que ver con el independentismo?», insistió el juez. «No, solo con la Cámara», replicó el empresario.
Sobre los dos viajes de ambos a Rusia, Dmitrenko detalló que, en agradecimiento a su puesto como embajador de la Cámara –algo que le sugirió el asesor de Puigdemont–, facilitó que éste impartiese dos «ponencias» en aquel país, al ser profesor de la Universidad de Barcelona. También negó supuestas reuniones de Alay con emisarios del Kremlin, e indicó que solo fueron encuentros con «amigos y personalidades».