Escrivá mantiene el hachazo fiscal a los planes de pensiones privados
Seguridad Social niega subir de 1.500 euros la desgravación en IRPF de forma transitoria
El Gobierno sigue sin tener cerrados los apoyos para la aprobación del fondo público de pensiones. El último envite de Unidas Podemos que busca reducir las deducciones sobre la cotización a la Seguridad Social previstas para las aportaciones empresariales al plan de pensiones de empleo del trabajador ha dejado al Ejecutivo con su principal apoyo en el aire. Y además, la rigidez del Ministerio de Hacienda para conceder un mayor abanico de incentivos fiscales sobre el ahorro complica la suma de votos procedentes de los partidos de la oposición.
A falta de escasas horas para que la Comisión de Trabajo emita dictamen sobre el texto que se votará posteriormente en el Congreso de los Diputados, el gabinete del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tiene dos frentes abiertos que, más allá, amenazan la aprobación definitiva de una ley clave para cumplir con los compromisos adoptados con la Comisión Europea en materia de reforma de pensiones.
Por un lado, tras el rechazo de los socios de Gobierno al proyecto de ley, también Unidas Podemos redobló la amenaza al exigir a Escrivá que se incluyera la enmienda 59, donde se defiende que la inclusión en la ley de conceptos excluidos de la base de cotización del importe de las aportaciones empresariales a planes de empleo «constituye una merma directa de ingresos al primer pilar de nuestro sistema de pensiones».
En estos momento, tanto el PSOE como Unidas Podemos siguen negociando modificaciones para lograr que la formación morada apoye finalmente el proyecto de ley. Sin embargo, lograr el beneplácito de Yolanda Díaz para el proyecto de ley no asegura su aprobación.
Fuentes parlamentarias aseguran a ABC que, por el momento, el Gobierno no habría logrado sumar suficientes apoyos entre los partidos socios de la coalición que se han descolgado del proyecto de ley. Si Compromís y Más País cedieran sus votos, el Gobierno podría sacar la norma en el Congreso con un gesto de Ciudadano por la vía del voto afirmativo o la abstención.
La rigidez de Hacienda
De no llegar estos apoyos, el Gobierno necesitará el ‘sí’ o la abstención del PP. Y es en este punto donde la rigidez de Hacienda para abrir la mano con más incentivos fiscales para el ahorro puede amenazar la aprobación del fondo público de pensiones.
Tras arañar la pasada semana después de la ponencia de enmiendas la incorporación al proyecto de ley de un incentivo del 10% sobre el Impuesto de Sociedades para las aportaciones del empresario a favor del empleado en el plan de pensiones, el PP pidió a Escrivá negociar un periodo transitorio para el tercer pilar, los planes de pensiones individuales.
Aquí, los populares exigen al Ejecutivo que revierta parte del golpe fiscal asestado a los planes individuales, donde la desgravación máxima de IRPF que se permite al año se sitúa actualmente en los 1.500 euros después de dos rebajas aprobadas por el Gobierno desde los 10.000 euros en los dos últimos Presupuestos Generales.
Ante la falta aún de un plazo razonable para que la implantación de los planes de empleo sea completa –no comenzarán a activarse al menos hasta 2023– y se pueda disfrutar a través de este pilar de jubilación de las deducciones fiscales previstas –desgravación en IRPF para el trabajador de hasta 8.500 euros anuales, deducción en cuota de Seguridad Social de 400 euros por trabajador al año para el empresario y la desgravación del 10% en el Impuesto de Sociedades– los populares piden elevar hasta los 5.000 euros la desgravación anual máxima en IRPF para los planes individuales.
La medida, que tendría un coste aproximado de 256 millones de euros, ha sido no obstante rechazada por parte del Gobierno, tanto por el Ministerio de Hacienda como por el de Seguridad Social. Sin este gesto de transitoriedad en la fiscalidad del tercer pilar, confirman fuentes parlamentarias, será difícil alcanzar un acuerdo con el PP para que apoye el proyecto de ley. Aunque estas mismas fuentes aseguran que los populares estarían dispuestos a moderar la exigencia, no parece que vaya a haber vía libre en este aspecto desde la Agencia Tributaria.
Además, está el detalle de que los frentes paralelos abiertos para el Gobierno son de hecho incompatibles. De modo que deberá elegir entre ceder a las exigencias de Podemos de reducir incentivos fiscales y tratar de sumar a algún otro socio de la coalición, o abordar íntegramente las propuestas del PP.