Petición para abrir la vía penal contra la Generalitat por no cumplir el 25%
► Escuela de Todos exige una multa diaria de 1.500 euros para el consejero de Educación por no aplicar la sentencia y dar castellano en las aulas
Se reconocen algo cansados por tener que seguir luchando por lo que consideran derechos fundamentales, pero no van a bajar los brazos. Después de décadas combatiendo la marginación del castellano en las escuelas de Cataluña, las entidades probilingüismo en la comunidad anunciaron ayer la presentación de un nuevo recurso judicial contra la última treta jurídica del Govern para intentar sortear las sentencias que reconocen el papel del castellano en la escuela. Un paso más, nada que no hayan hecho en los últimos años.
«Lo vamos a conseguir», sostienen desde Escuela de Todos, la entidad creada para forzar la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –firme desde el pasado mes de noviembre– que fija un mínimo de un 25% de castellano en todo el sistema educativo catalán. Si cuando el Tribunal Supremo confirmó la sentencia y el TSJC ordenó el 4 de mayo su ejecución forzosa fueron momentos de celebración por parte de las entidades, la siguiente jugada de la Generalitat, embarrando el terreno con la aprobación de un decreto de modificación de la Ley de Política Lingüística y las instrucciones notificadas a los centros para burlar la misma sentencia, confirmaron que habría que seguir litigando.
Y así lo hizo ayer Escuela de Todos ante la Sala del Contencioso-Administrativo del TSJC, reclamando, de nuevo, el efectivo cumplimiento de la sentencia. Desde la entidad se constata de forma obvia que tanto el decreto ley, aprobado por el Govern y que contará con apoyo de los comunes, como las instrucciones dadas por la Consejería de Educación a los directores «constatan la voluntad de incumplimiento» de lo dictado por el TSJC.
Ante esta situación, el recurso plantea varias medidas concretas. De entrada, la más obvia, volver a requerir al consejero Josep Gonzàlez-Cambray que dicte las instrucciones para el cumplimento del 25%. Y también, reclamar que sea el TSJC el que directamente requiera a los directores de los centros. De forma complementaria, pide que este requerimiento se haga por correo electrónico de modo que la Alta Inspección Educativa del Estado pueda acreditar su recepción.
Otra novedad del recurso es la solicitud de imponer una multa de 1.500 euros diarios al consejero catalán mientras no conste que haya cumplido con la sentencia del TSJC, una fórmula, la de la sanción, que se demostró especialmente eficaz cuando, por ejemplo, la Justicia ordenó la disolución de la ‘junta electoral’ que se creó para tutelar el referéndum ilegal de 2017.
Por otra parte, Escuela de Todos apunta en su recurso a las posibles respondabilidades penales de los movimientos de la Generalitat para «burlar» la sentencia. «Entendemos que el tribunal, dada la manifiesta voluntad incumplidora de la Generalitat, puede considerar que se están incurriendo en responsabilidades penales», apuntó José Domingo, de Impulso Ciudadano, integrada en Escuela de Todos.
Vigente
La tesis de la entidad es clara. A diferencia de lo que considera la Generalitat, «ni el decreto ley ni las instrucciones dadas a los centros cambian nada. Es decir, la orden de ejecución de la sentencia del TSJC sigue vigente. Este recurso no se dirige a tumbar ese decreto o las citadas instrucciones, sino a conseguir de una vez la aplicación de la sentencia del 25%. «Están lanzando tinta de calamar sobre la escuela. Pero no van a conseguir impedir la aplicación de la sentencia», insistía ayer Domingo, bregado en mil batallas judiciales a favor del castellano, a las pocas horas de haber presentado el recurso. Él mismo reclama también que se requiera a los directores de centros para que informen de si efectivamente el proyecto lingüístico prevé que el castellano y el catalán sean vehiculares, así como el número de horas dedicadas a una y otra lengua.
Lo previsible es que ahora el TSJC dé traslado a las partes del recurso de Escuela de Todos, momento en el que «será importante ver cuál es la posición de la Abogacía del Estado». Domingo, junto a Ana Losada (Asamblea por una Escuela Bilingüe), Rafael Arenas y Elda Mata (Sociedad Civil Catalana) lamentaba precisamente la inhibición del Gobierno ante lo que siguen denunciando que no es una cuestión interpretable políticamente, sino algo que afecta a derechos fundamentales.
La pelota, en buena forma, está ahora en el tejado del TSJC, a quien las asociaciones piden celeridad. «Junio y julio son meses decisivos para la confección de los programas escolares», advertía Losada, temerosa de que la aplicación del 25% no llegue a tiempo para el próximo curso.
Denuncia en Fiscalía de Cs
La de la AEB no fue la única acción judicial en este sentido. Ciudadanos, con Inés Arrimadas y el líder de la formación liberal en Cataluña, Carlos Carrizosa, al frente, presentaron ayer una denuncia ante la Fiscalía del TSJC contra el consejero de Educación catalán por un delito de desobediencia. Para Arrimadas, Gonzàlez-Cambray «está actuando como un matón».
En paralelo, Vox, Cs y PP acordaron ayer presentar una petición de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, órgano consultivo de la Generalitat, para determinar la legalidad del citado decreto ley.