Investigan al alcalde de Hinojos por contratar irregularmente durante siete años
El juez abre una causa contra el regidor del PSOE a raíz de una denuncia del PP
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma del Condado en Huelva ha abierto una investigación contra el alcalde de Hinojos, el socialista Miguel Ángel Curiel Reinoso, por crear un sistema de contratación supuestamente irregular que habría funcionado desde el año 2015 para colocar a determinadas personas en este ayuntamiento onubense. El juez Francisco Artillo ha acordado una serie de diligencias para esclarecer un supuesto delito contra la Administración Pública que se atribuye a Curiel, quien lleva once años al frente de Consistorio, y al que se le citará a declarar «en la condición de investigado», según indica en un auto dictado el pasado 23 de mayo, al que ha accedido ABC.
La investigación se inicia a raíz de una denuncia presentada en el Juzgado por el portavoz municipal del PP en Hinojos, Francisco Javier Payseo, que dio la voz de alarma sobre «la instauración, desde el año 2015 hasta la actualidad, de un sistema de selección totalmente irregular, anómalo y emponzoñado». «No ha podido perpetuarse» en el tiempo «sin el pleno conocimiento, aquiescencia e impulso de miembros del equipo de gobierno», con su alcalde, Miguel Ángel Curiel, a la cabeza, asegura. Según recoge en su denuncia, éste habría gestionado la Corporación local que preside y el dinero público como si se tratara de una finca particular o «sociedad limitada unipersonal» en lugar de una administración sujeta al Derecho Público.
El juez ha citado a declarar al denunciante y a la secretaria interventora del Ayuntamiento de Hinojos como testigo. Un informe firmado por esta funcionaria del 13 de noviembre de 2019 destapaba cuatro bloques de irregularidades que desgranó el portavoz del PP en su escrito.
Los puestos que «deberían ser desempeñados por funcionarios por implicar el ejercicio de potestades públicas» son ocupados por personal laboral temporal que acaba convirtiéndose en indefinido al enlazar contratos en fraude de ley, de lo que se habría beneficiado al menos un cargo de la agrupación local del PSOE, según el denunciante. Los contratos se adjudican sin procedimiento, recurriendo a una bolsa de empleo que, según la Secretaría municipal, «no respeta los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad». Una vez que finaliza la obra o servicio por la que son contratados, los trabajadores continúan en sus puestos. Para más inri, las plazas que cubren «no constan ni en plantilla ni en la Relación de Puestos de Trabajo».
En su resolución, el instructor requiere a la citada secretaria el listado del personal que «a su entender» ha sido contratado «irregularmente» desde el año 2015 hasta la actualidad; la relación de empleados que «carecieren de contrato, si los hubiere»; los expedientes completos de acceso al puesto de cada trabajador, si existieran, y los contratos firmados «por todos los trabajadores contratados irregularmente y los emolumentos percibidos».
El juez de La Palma del Condado requiere un informe a la secretaria general. Una vez practicadas las diligencias, prestarán declaración el alcalde «en la condición de investigado», así como todos aquellos que «guarden relación con los ilícitos perseguidos».
El concejal popular apunta a «una desviación consciente y retirada de las formas que deben presidir el gasto del dinero público y que pueden revestir las características de la prevaricación punible activa u omisiva». Además, considera que los hechos podrían ser constitutivos de supuestos delitos de malversación y contra los derechos de los trabajadores, porque no se han seguido las reglas legalmente establecidas para el acceso a un empleo público. Como consecuencia, «han podido favorecer la discriminación por razón de ideología y, por tanto, que no puedan encontrar trabajo en el Ayuntamiento aquellos cuyo signo político no case con el de aquel que gobierna».
El alcalde tiene dos causas judiciales más abiertas: la primera, por desoír un informe de la secretaria que le obligaba a facilitar información a la oposición, y la segunda, un presunto caso de acoso laboral de un trabajador. En cambio, fue archivada una denuncia anterior del PP sobre el uso del móvil municipal por parte del regidor para comprar y vender potros de pura raza.
La secretaria interventora constató que se contrata sin respetar las reglas legalmente fijadas para cubrir el empleo público