La Fiscalía atribuye a Mónica Oltra «un plan» para ocultar los abusos de su ex
▶ Pide imputar a la vicepresidenta valenciana por presunta prevaricación y abandono de menor
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana considera que la gestión de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y su equipo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en el caso de abusos sexuales a una niña tutelada de 14 años por parte de su entonces marido, podría ser constitutiva de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Así lo destaca en un escrito de 69 páginas –al que ha accedido ABC– remitido a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia que debe decidir si imputa o no a Oltra, por su condición de aforada. En la causa figuran como investigados trece cargos y funcionarios del departamento autonómico por el presunto encubrimiento del educador Luis Ramírez Icardi, condenado a cinco años de prisión y a la espera del recurso en el Supremo.
El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia elevó al TSJ una exposición razonada, que la acusación pública reproduce en su informe, para que la dirigente de Compromís compareciera como investigada en el procedimiento ante unos indicios que el Ministerio Público considera «relevantes».
La fiscal Teresa Gisbert advierte en el relato de lo ocurrido en 2017 «una línea directriz». Primero, «un proceso de ocultamiento de los hechos por parte de organismos de la Conselleria de Igualdad de la Generalitat Valenciana», y después, «un proceso de descalificación de la credibilidad de la menor» por parte de los mismos. Al respecto, califica la actuación inicial de la Generalitat –la menor relató los abusos en febrero de 2017– como «incompatible e incomprensible con la gravedad de los hechos», pues «no solo no se denuncian», sino que tampoco se ponen en conocimiento de la Policía, ni de la Fiscalía de Menores ni de la Administración de Justicia» hasta cuatro meses después, en junio, tras conocer el relato dos agentes que acudieron por otro asunto a la residencia en la vivía la menor y trabajaba el agresor. Unos comportamientos que se prolongan en el tiempo y «dejan entrever» la «escasa, desidiosa o nula voluntad» de esclarecer lo sucedido.
Esta actitud, asevera el Ministerio Público, «pasa a ser comprensible cuando se descubre que el autor de los abusos denunciados era el marido» de la consellera. De hecho, la Fiscalía atribuye íntegramente a Oltra el presunto delito de prevaricación al entender que fue ella quien ordenó abrir una investigación paralela a la judicial para «desvirtuar la credibilidad de la menor», cuando se enteró en agosto de lo ocurrido porque un juez decretó una orden de alejamiento del agresor sobre la víctima, que recibió en su casa. «No de otra manera se explica el comportamiento» de los funcionarios a su cargo, «ocultando y desacreditando». «Supone un plan preestablecido. Es evidente que esta orden no fue escrita, dada su flagrante ilegalidad, sino verbal. Y fuerte indicio de que dicha orden fue emitida por la aforada es que todos los que intervinieron en los hechos mantuvieron siempre [...] la misma versión exculpatoria de la Conselleria de Igualdad», subraya el escrito.
Eludir responsabilidades
«Es imposible que funcionarios de tan diversa naturaleza y categoría, desde técnicos en menores a psicólogos, jefes de servicio y directores de centro y territoriales mantuvieran unánimemente la misma versión de los hechos, lo que constituye un fuerte indicio del sentido de dicha orden verbal que evidencia su carácter de arbitraria e injusta, carente de toda justificación y apoyo en Derecho», argumenta Gisbert.
El expediente reservado, que exculpaba al agresor, se envió en diciembre a la Fiscalía, pero se traspapeló y obligó a repetir parcialmente la vista oral contra Icardi, ya en 2019, con idéntico resultado. El Ministerio Público cree que se hizo para beneficiar al condenado y a la máxima responsable de Igualdad: entiende que cuando la Conselleria ya no podía controlar lo ocurrido quiso exculparse y utilizó la investigación como «medio idóneo para eludir las posibles responsabilidades políticas y/o penales».