El exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra evita cumplir la pena de cárcel por la dilación del caso
▶ Ángel Rodríguez de la Borbolla, condenado a año y medio de prisión y a devolver ayudas por 8,4 millones a la Junta
El empresario y exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla ha sido condenado a un año y medio de prisión en una pieza separada del caso ERE. La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla lo considera cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro delito continuado de malversación, pero le queda el consuelo de que seguramente no tenga que ingresar en un centro penitenciario. Como ha sido castigado con menos de dos años de cárcel, podría acceder a una suspensión de la pena, siempre que así lo acuerde el tribunal sentenciador. El también hermano del expresidente del Gobierno andaluz acaparó 8,4 millones de euros entre 2001 y 2007 de la Junta de Andalucía.
Las nueve ayudas directas que recibió su «entramado» de sociedades dedicadas a la manufactura del corcho representaron una «importante sustracción de esos caudales públicos» –detalla la sentencia– amparado por la hegemonía del PSOE en Andalucía. La concesión «se debió tan sólo a la demanda verbal del beneficiario» –no consta siquiera ninguna solicitud de ayudas– y para ello no dudó en llamar a las puertas de los altos cargos que manejaban el caudal de fondos.
Movió hilos en la Junta
El condenado se reunió en 2007 con el viceconsejero de Empleo Antonio Fernández García –luego ascendido a consejero–, al que siguió otro encuentro ya en el despacho. Dicho cargo le remitió al director general de Trabajo, el fallecido Francisco Javier Guerrero. Borbolla lo conocía «por ser oriundo de El Pedroso y alcalde de dicha localidad durante un tiempo». De este modo, «acabó obteniendo» a través de Guerrero «numerosas ayudas» por «elevados importes». «No consta realmente ese destino real del total del dinero recibido, aunque al menos en su mayor parte se empleó en gastos corrientes de las empresas, así como en pagos a acreedores en general –entre ellos algunos públicos– y singularmente a proveedores», argumenta la sala.
Las nueve ayudas, «en cantidades no irrisorias», que captaron las sociedades del corcho constituyen «un burdo, grosero y palmario atentado al Derecho y al buen uso de fondos públicos». Para los jueces, el condenado no podía ignorar su ilicitud puesto que es licenciado en Derecho y ha sido alcalde y diputado provincial en Sevilla.
La «lentitud o incluso paralizaciones» injustificadas que se han producido en la investigación y el juicio han servido de atenuante al único condenado en este proceso. «Las investigaciones comienzan allá por el año 2009, aunque entonces no se hubiera reparado aún en esta modalidad de ayudas directas a empresas» y los hechos enjuiciados «aparecían ya nítidamente perfilados en atestado policial del año 2014», relata la resolución. Sin embargo, no es hasta finales de 2016 cuando se incoa el presente procedimiento. «Ni los tiempos invertidos en la instrucción pueden reputarse razonables, al tratarse de una investigación que prácticamente estaba ya realizada en la causa matriz», ni tampoco la tardanza del juicio debido a las escasez de salas para celebrarlo y de medios, lamenta. Ésta es la tercera sentencia de la macrocausa de corrupción de los ERE que comenzó a instruirse hace once años y medio y que, según advierte la sala, se ha traducido en un sumario de «dimensiones elefantiásicas»,
Las nueve ayudas se dieron «a demanda verbal» del acusado y representan «un burdo, grosero y palmario atentado al Derecho»
El tribunal ha absuelto al actual alcalde de Cazalla de la Sierra, a dos empresarios y a un responsable bancario
con centenares de tomos y una «elevadísima cifra de investigados».
En vista de los retrasos, el tribunal aplica la circunstancia atenuante de las dilaciones indebidas que ha registrado el proceso. Los dos años y tres meses de prisión que como máximo cabía imponerle a Rodríguez de la Borbolla quedan, por ello, rebajados a poco más de la mitad: un año y seis meses.
De lo que no se libra el exregidor socialista es de indemnizar a la Junta de Andalucía con 8,4 millones de euros más intereses, la suma total de las nueve subvenciones que recibieron sus cinco empresas. Deberá responder con su patrimonio para tratar de cubrir la cuantía. En el banquillo de los acusados le acompañaban el actual alcalde de Cazalla de la Sierra, Sotero Martín Barrera (PSOE), dos empresarios y el responsable de una entidad bancaria. Éstos han sido absueltos al concluir que no participaron en los hechos.
Con el sistema irregular de ayudas, el grupo de empresas «controlado y dirigido» por el condenado obtuvo ayudas o subvenciones por un montante total de 8.408.096 euros, siendo el acusado «conocedor» de que las mismas «se debían exclusivamente a la libérrima voluntad de los cargos públicos con los que contactó y que acabaron beneficiando» a las empresas Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera. El tribunal de la Sección Cuarta declara responsables civiles subsidiarios a las citadas sociedades.