El Gobierno busca el favor de la banca para salvar los nuevos avales
► El Ejecutivo pide un esfuerzo mientras redobla sus ataques contra la conducta del sector con los usuarios ► La relación se ha enturbiado con las leyes de atención al cliente y de creación de un nuevo supervisor
Las entidades han dicho al Gobierno que los avales del ICO por la guerra no son la solución a la crisis
La relación de este Gobierno con la banca se mantiene unida por una cuerda que se tensa y destensa por momentos, a gusto de cada cual y según las necesidades. Nunca llega a romperse del todo, pero sí lo hacen algunas fibras que luego cuesta reconstruir porque si el Ejecutivo ataca, las entidades se defienden, y viceversa. La situación actual no es una excepción sino un capítulo más de la historia de tensión entre ambas partes.
La canalización de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) durante la pandemia es la mejor muestra de colaboración, pese a que el Ejecutivo criticó en los primeros compases el ‘modus operandi’ y la lentitud en su despliegue por parte de las entidades. Se demostraron un éxito... y ahora el Gobierno quiere repetir esa historia con los nuevos avales del ICO para garantizar liquidez a empresas y autónomos golpeados por la crisis energética y la guerra en Ucrania.
El Ministerio de Asuntos Económicos aprobó hace dos meses una línea de garantías públicas de 10.000 millones para que fluya el crédito a quien lo necesite. Dos meses después ya se cuenta con el OK de la Comisión Europea para su puesta en marcha y están liberados los primeros 5.000 millones, pero no hay demanda de ellos en las sucursales.
Empresas y autónomos no quieren endeudarse más, y es por ello que el Gobierno ha transmitido a la banca que trate de darle un empujón a esta línea de avales para su puesta en funcionamiento, que todavía no ha arrancado del todo. En el ministerio son conscientes de que tener a las entidades de su parte es fundamental para que esto funcione y no cale en la opinión pública que el Ejecutivo ha dejado a la deriva a la población ante la crisis. Fuentes del departamento de Nadia Calviño señalan que «con los bancos se mantiene un contacto habitual y ordinario», y que no se les ha solicitado nada sobre que arrimen el hombro ante la situación económica. Sin embargo, varias fuentes financieras confirman que sí se ha trasladado a los bancos la necesidad de dar apoyo con el plan de respuesta frente a la crisis. En Economía se escudan en que «la situación económica es buena», pese a las perspectivas menos halagüeñas que dibujan los analistas sobre el panorama español y con la inflación enquistada.
La banca, por su parte, no quiere dar la espalda al Ejecutivo sino que lleva meses abordando la crisis en las reuniones periódicas que mantienen. Pero eso no quita para que el sector crea que los nuevos avales habilitados no son solución al problema económico de la inflación y el impacto de la guerra. Las entidades han transmitido al Ejecutivo que lo que se necesita no es más liquidez en forma de deuda sino otro tipo de ayudas más directas, apoyo directo al tejido productivo y las familias.
Asimismo, los bancos tienen claro que el foco debe ponerse en empujar por los fondos europeos, que siguen al ralentí, y no en estos avales. Es por ello que han comunicado al Gobierno que lo ideal sería acelerar en la ejecución del plan de recuperación, aunque este haya dejado fuera a las entidades de cualquier tipo de gestión en el dinero comunitario.
Tensión creciente
Todo esto se produce en un contexto en el que las relaciones entre el Gobierno y la banca se han tensado más de lo esperado en los últimos meses. La razón: el ataque que se realiza desde el Ejecutivo a la conducta de las entidades financieras.
En concreto, el sector pone el grito en el cielo ante el «acoso» que sufre la banca a nivel dialéctico y las intenciones que hay a nivel legislativo, con los proyectos de ley de atención al cliente y de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
En el gremio entienden que el Gobierno ha pasado al ataque contra los bancos para tratar de poner coto a la conducta y relación que tiene con sus clientes. En otras palabras, obligarles a mantener ciertos estándares de conducta que en el Gobierno creen que deben ser mínimos.
El primer asalto llegó con la Autoridad del Cliente Financiero, un supervisor nuevo para facilitar y agilizar las reclamaciones de los usuarios frente a los bancos. «La futura norma tiene un doble objetivo: por una parte, reforzar el sistema de resolución extrajudicial de las reclamaciones entre las entidades y los clientes de productos bancarios, valores y seguros; por otra, fomentar la educación y la inclusión financieras», dijo en su momento Economía. Un nuevo supervisor cuyas resoluciones serán vinculantes para las entidades si son por cuantías de hasta 20.000 euros y que será financiado mediante una tasa de 250 euros a las entidades por cada reclamación admitida. Y luego llegó la ley de atención al cliente, que impone más exigencias de conducta a la banca.
En suma, el sector considera que se le está criminalizando a nivel legislativo, especialmente con la nueva autoridad supervisora, mientras que también creen que el Ejecutivo trata de sacar pecho con normas como la de atención al cliente que en muchos puntos ya se están cumpliendo ‘motu proprio’. Con todo, desde el Ministerio de Asuntos Económicos señalan que «hay una buena relación y colaboración».
La banca cree que el Gobierno está criminalizando al sector a base de normativas que buscan, en teoría, proteger al consumidor