El Gobierno descarta ahora implantar peajes a corto plazo
► La ministra de Transportes admite que no existe consenso para implantar nuevas tasas en la carretera
El Gobierno da por cerrado por ahora el plan que remitió a Bruselas para implantar peajes en autovías y autopistas antes de 2024. La falta de consenso que persigue a esta medida y la compleja situación económica que atraviesan las familias y las empresas de transporte a causa de la inflación han provocado que el Ejecutivo entierre de forma temporal esta iniciativa, contemplada en el plan de recuperación.
Raquel Sánchez, ministra del ramo, explicó ayer, durante su intervención en el XIII Encuentro del Sector de Infraestructuras, el Transporte y la Movilidad Sostenible, organizado por Deloitte y ABC, que si bien el Gobierno va a realizar un «estudio de alternativas», «en este contexto y entorno hay que atender a la situación económica». «A corto plazo difícilmente podremos implantar esta medida, porque no se dan las bases para facilitar el consenso necesario para acometerla», abundó la ministra. Era un secreto a voces, pero el Gobierno no había tirado la toalla con los peajes hasta ahora. Al menos, no de forma pública. Tal y como ha publicado este periódico, el anteproyecto de la ley de movilidad deja en el aire esta posibilidad, que había sido incluida como propuesta en el plan de recuperación.
Los peajes habían dividido al mundo empresarial, ya que mientras las empresas de infraestructuras y operadores como Renfe habían reclamado su aprobación, el sector del transporte se había negado por completo. La posibilidad de que estas tasas llegasen a las carreteras, de hecho, fue una de las razones por las que los transportistas acometieron los paros vividos durante el mes de marzo, que estuvieron a punto de colapsar el país.
Más allá de los peajes, la ministra recordó que su departamento está «construyendo bien» y solo en la alta velocidad pondrá en marcha nuevos servicios para incrementar en 350 kilómetros la red. Además, puso en valor que Transportes gestiona casi 16.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos y 13.000 de ellos estarán destinados a la movilidad sostenible. «Los fondos se están ejecutando en plazo. Hemos hecho muchas licitaciones y ahora es cuando se van a ejecutar. Los hechos nos avalan y las instituciones europeas nos respaldan», explicó Sánchez.
El sector privado, sin embargo, cuenta con una visión distinta. Durante la presentación del evento, el socio responsable mundial de Engineering & Construction de Deloitte, Javier Parada, ya recordó que «para que las empresas del sector puedan aprovechar las oportunidades que se presentan hay que potenciar la colaboración público-privada», además de considerar que «el marco regulatorio también va a jugar un papel fundamental para el crecimiento del sector» de las infraestructuras.
De igual forma, fuentes empresariales recordaban antes del discurso de la ministra la lenta ejecución de los fondos europeos y la burocracia que acompaña a estos procesos. Una idea que fue reforzada minutos más tarde, durante la intervención de varias constructoras.
El consejero delegado de OHLA, José Antonio Fernández Gallar, explicó además que hay una «gran diferencia» entre las administraciones que tienen identificados los proyectos que hay que acometer y las que los administran. Según sus palabras, la Comunidad de Madrid los tiene identificados, pero es el Gobierno el que los gestiona.
También preocupa el encarecimiento de los materiales, que ha provocado que se queden desiertos cientos de concursos públicos. La ministra destacó la acogida que ha tenido en el sector la revisión de precios que ha acometido el Ejecutivo para que las licitaciones recojan el impacto de la inflación. Aún así, reconoció que «no es la solución al cien por cien».
«No son medidas suficientes. Las limitaciones de excluir el precio de la energía o la revisión máxima del 20% en los contratos de obra pública continuarán poniendo en riesgo las cuentas de las obras. Además, la moderación de precios no se va a producir, al menos en el corto plazo», replicó posteriormente Fernández Gallar.
Impulso a Barajas
En el apartado de las prioridades de inversión, tanto el director general de aeropuertos de Aena, Javier Marín, como el director general de vivienda, David Lucas, detallaron los próximos pasos del Ejecutivo. El primero anunció que la compañía pública tiene previsto adjudicar después del verano una de las primeras fases del plan inmobiliario de Barajas, referida a un lote de 28 hectáreas donde se podrá levantar una superficie logística cercana a los 150.000 metros cuadrados. Marín explicó que las «ofertas presentadas son muy buenas» y «el proceso sigue su curso».
Mientras, el secretario general de Vivienda del Ministerio de Transportes recordó que el Estado tiene previsto invertir 10.000 millones de euros en el segmento residencial durante los próximos cuatro años. «Queremos afrontar el problema del acceso a la vivienda desde varios frentes», señaló. Lucas tendió además la mano al sector privado para incrementar el parque de viviendas.
Ya en la última mesa de la jornada, centrada en la sostenibilidad, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, puso en valor el Plan Cambia 360 de la capital, que busca «dar un cambio completo de dirección en la movilidad». «Buscamos que los coches que se vean en las calles sean sostenibles», aseveró.
Raquel Sánchez Ministra de Transportes
«A corto plazo difícilmente podremos implantar peajes, porque no hay consenso para hacerlo»
José Antonio Fernández Gallar CEO de OHLA
«Las limitaciones de las licitaciones ponen en riesgo las cuentas de las obras»
David Lucas Secretario General de Vivienda
«Abordamos el problema de acceso a la vivienda desde varios frentes. Necesitamos al sector privado»
Javier Parada Socio responsable mundial de Construcción de Deloitte
«Es necesario potenciar la colaboración público-privada»