Un sitio donde llorar
Todo el caso Marta del Castillo es un ejemplo flagrante de malversación desaprensiva de las garantías procesales
UN coletazo del caso Marta del Castillo, el del juicio por falso testimonio de ‘El Cuco’ y su madre, ha rescatado el debate jurídico sobre el derecho a mentir. (Ojo: a mentir ante los tribunales, no se me encampanen pensando en Sánchez). Ha habido condena, leve pero la máxima para este supuesto, que ni siquiera asegura que los condenados vayan a la cárcel. Sin embargo el peso o la influencia que la declaración mendaz pudo tener en el veredicto sobre el asesinato es ya irrevocable y esa nueva sospecha se suma a una serie de burlas a la Justicia que empieza en las mil versiones del paradero del cadáver y acaba, por ahora, en una amarga secuencia de impunidades acumuladas sobre la angustia y el dolor de los familiares. Un grupo de niñatos perfectamente asesorados lleva trece años cachondeándose de la Policía, los jueces y los fiscales a base de relatos superpuestos, enredos indiciarios y toda una cadena de trabas y malas artes construida por sus abogados con eficacia tan apabullante como desdeñosa con la víctima, cruel con sus padres y fraudulenta con el espíritu de las garantías procesales.
Ese manejo ventajista, cínico, desaprensivo, de los mecanismos de salvaguardas constitucionales ha provocado en la sociedad una lacerante sensación de impotencia. La que produce el triunfo del mal cuando se aprovecha de las bienintencionadas cautelas establecidas por el sistema para protegerse de la arbitrariedad, de la ligereza, de la conjetura temeraria, de la ofuscación justiciera. Cuando la duda razonable se convierte en una herramienta de ocultación y la legítima defensa recurre al dolo para malversar la sagrada presunción de inocencia. Cuando la confianza en la ley se quiebra por la complicidad de los letrados con una estrategia torticera de confusiones deliberadas y manipulaciones de pruebas. Cuando los trucos y las tácticas leguleyas prevalecen sobre cualquier sentimiento de humanidad o compasión por una muchacha muerta.
Los padres de Marta del Castillo saben que ha pasado demasiado tiempo para poder reconstruir la verdad de los hechos. Ya no habrá manera de reparar tanto tormento, tanta zozobra, tanto desasosiego; sólo aspiran a encontrar los restos de su hija para ponerlos en algún sitio digno donde ir a llorar su desconsuelo. A ellos les han privado del derecho a un entierro, a una tumba normal y corriente en un cementerio sobre la que depositar en noviembre las flores del recuerdo. La investigación en busca del cuerpo ha movilizado recursos ingentes y gastado decenas de miles de euros; se han dragado ríos, vaciado pozos, recorrido descampados y removido vertederos mientras los encartados jugaban al despiste, sembraban esperanzas ficticias o guardaban silencio. Y ahora incluso se permiten reconocer que mintieron ante un tribunal para poner al descubierto un fracaso judicial agravado, una humillación desoladora, un escarnio moral completo.