Feijóo rectifica a Casado al pedir un pacto al Gobierno para retirar ‘disminuido’ de la Constitución
► El líder del PP pone como condición evitar un referéndum y no extender el debate a otros artículos
A Alberto Núñez Feijóo le sorprendió que Pedro Sánchez le lanzara a la cara, en el debate que mantuvieron en el Senado el martes pasado, que no quisiera reformar el artículo 49 de la Constitución, para sustituir el término ‘disminuidos’ por el de ‘discapacitados’. En el equipo de Feijóo escucharon a Sánchez con «estupefacción e indignación», según comentaron a ABC: «Pero si en la reunión de La Moncloa de abril ya le dijo que sí quería hacerlo», comentan con extrañeza. La realidad es que Sánchez lo utilizó como arma arrojadiza contra Feijóo, junto a todo lo demás que encontró a mano, en su primer cara a cara parlamentario, y el jefe de la oposición tomó buena nota.
Dos días después, el jueves por la mañana, Feijóo se reunió con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en la sede de esta organización en Madrid, y al terminar el encuentro reconfirmó su plena disposición a sellar un pacto con el Gobierno para reformar la Constitución de forma rápida, puntual y exclusiva en su artículo 49, y eliminar de una vez el término ‘disminuidos’.
Las condiciones
El líder del PP fue tajante y muy claro al expresar su plena disposición a cerrar un acuerdo con el PSOE lo antes posible: «No tenemos ninguna duda de esa reforma constitucional, es oportuna, es procedente y está justificada y la debemos de hacer». Eso sí, puso varias condiciones. La primera, que si se toca la Constitución sea solo para hacer esa modificación, y nada más. «El resto no se toca», ni para suprimir la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona, insisten los populares, que quieren evitar a toda costa que un cambio puntual en la Carta Magna pueda servir a los grupos independentistas y extremistas de la izquierda para poner en cuestión todo el texto, o partes fundamentales de él, como columna vertebral en la que se sustenta nuestro sistema político.
La segunda condición de Feijóo es que no debe haber referéndum. El PP cree que los ‘enemigos’ de la Constitución lo utilizarían para cuestionar la ley de leyes. En la Carta Magna se prevé que, una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, «será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras». Es decir, con 35 diputados bastaría, y con la fragmentación actual del Congreso es muy sencillo que, más allá de los grandes partidos nacionales, se alcance ese mínimo.
La tercera condición es que la modificación del artículo 49 debe contar con un dictamen favorable del Consejo de Estado, algo que no ocurrió con el proyecto que salió de forma unilateral del Consejo de Ministros el año pasado, y que el órgano consultivo consideró «perturbador», no por la cuestión de fondo, que ve positiva, sino al considerar que el texto remitido por La Moncloa iba mucho más allá del cambio de un término y contenía aspectos «perniciosos, ociosos, inconvenientes» y que generaban problemas de constitucionalidad.
Detrás de estas cautelas hay una desconfianza total del PP hacia el uso torticero que podrían hacer desde la izquierda y los nacionalistas ante cualquier reforma constitucional. El PP de Feijóo comparte «totalmente» el temor y recelo que expresó en su día la dirección encabezada por Pablo Casado, que se negó en redondo a cualquier modificación de la Carta Magna. El equipo anterior del PP estaba de acuerdo en quitar la palabra ‘disminuidos’ de la Constitución, pero creía que no era el momento de abrir el ‘melón’ de la Carta Magna, ni siquiera para tocar un solo artículo. Así, se mantuvo firme en su idea de oponerse a toda reforma, como también hizo Rajoy en su momento.
Acuerdo exprés
Feijóo ha rectificado esa postura férrea y se abre a un pacto exprés entre los dos grandes partidos nacionales, como ya ocurrió en el año 2011, cuando se modificó el artículo 135, con el Gobierno socialista en el poder. La idea del presidente del PP es sentar a la misma mesa a su partido, al PSOE y a representantes del Cermi, para consensuar el cambio del texto constitucional. Una vez alcanzado el acuerdo entre ellos, lo extenderían al resto de grupos parlamentarios y buscarían el compromiso expreso de que no se convocaría un referéndum ni se extendería el debate a otros artículos de la Carta Magna.