El fondo público de pensiones nace con un 50% menos de incentivos para autónomos que para asalariados
Cs presiona para incluir un aumento de las exenciones en el IRPF en el trámite del Senado
El fondo público de pensiones está más cerca de ser una nueva alternativa de ahorro real para los trabajadores tras ver luz verde el dictamen del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados por una exigua mayoría de ocho votos. Sin embargo, el vehículo financiero nace con ciertos aspectos polémicos, algunos de los cuales se han despejado durante el caótico proceso de aprobación de enmiendas, como es la supresión del derecho a veto que se arrogaba la Administración sobre la política de inversiones.
Otros se mantienen en el texto que deberá sancionar el Senado. La principal deficiencia que remarcaron varios partidos políticos que no apoyaron el proyecto de ley en el pleno es la diferencia de un 50% menos de incentivos fiscales que tienen los autónomos respecto a los asalariados. Precisamente, este es uno de los aspectos que llevó al PP a rechazar en última instancia la medida, tras haber reclamado en sus enmiendas que se equiparen las ventajas fiscales previstas para el IRPF.
Concretamente, según recoge el texto final del dictamen al que ha tenido acceso ABC y que ya se incluía en las anteriores versiones del proyecto, el asalariado podrá disfrutar de hasta 8.500 euros de desgravación en IRPF al año por las aportaciones realizadas al plan de empleo. Además, se le permite integrar en este plan los 1.500 euros de desgravación prevista para los planes del sistema individual por lo que la cuantía máxima que podrá excluir de los rendimientos del trabajo para su declaración de la renta serán 10.000 euros al año.
Sin embargo, para los autónomos, la exención sobre IRPF por aportaciones a los planes de empleo simplificados (los nuevos de promoción pública) se queda justo en la mitad: 4.250 euros anuales. Es decir, con vistas a estos nuevos fondos el incentivo es de justo la mitad para el trabajador por cuenta propia respecto del asalariado. Sin embargo, en este caso también se permite integrar los 1.500 euros de desgravación que aún disponen los planes individuales por lo que el máximo deducible de cara a Hacienda es de 5.750 euros.
Ante esta anomalía, varios partidos ya pidieron al gabinete del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconsiderar este punto de la ley durante el trámite de enmiendas. En concreto, esta equiparación fue reclamada por el PP, Vox,
Cs y PDECat, pero el Gobierno rechazó la propuesta argumentando que la medida tiene un coste fiscal para las arcas públicas de 321,5 millones de euros «consecuencia de la práctica de mayores reducciones en la base imponible», señala en un documento interno al que ha tenido acceso este medio.
Visto bueno definitivo
Ahora bien, como todo proyecto de ley que pasa el trámite de la Cámara Baja, afronta ahora el proceso de aprobación definitiva en el Senado antes de su publicación en el BOE. Y aquí, el texto aún podría sufrir algún ajuste de última hora.
Desde Cs se está armando una ofensiva para incluir en el último paso de aprobación de la ley un incremento de los incentivos en IRPF hasta 8.500 euros para equipararlos con los asalariados. La proposición no de ley que ha podido conocer ABC aboga por elevar el incremento de la exención fiscal de IRPF hasta esa cantidad para las aportaciones realizadas por trabajadores autónomos a los planes de pensiones «en justa correspondencia» con el límite previsto para los asalariados.
La formación naranja pide también aprobar una deducción en Sociedades para los autónomos que tuvieran empleados en nómina a su cargo y que imputaran a su favor contribuciones a planes de pensiones y aprobar «un sistema de cotizaciones de autónomos que se adecúe a las necesidades del sector y que tenga en cuenta la realidad de sus ingresos, alejado de umbrales de cotización desproporcionados y que garantice la sostenibilidad financiera del colectivo».