Galicia se une a Madrid y Castilla y León y vigilará la ideologización de los libros de texto
Desde la publicación en ABC de los borradores de los libros de texto que las editoriales han elaborado para el próximo curso, las comunidades del PP se han ido pronunciando una tras otra para luchar contra su ideologización. La voz cantante la llevó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que anunció hace algo menos de dos semanas que daría una orden a la inspección educativa para solicitar la retirada de todos aquellos libros «que contengan material sectario».
A esta inciativa se sumó ayer Galicia. Fuentes de la Consejería de Educación de la Xunta señalaron a ABC que activarán un plan de vigilancia llevado a cabo por la inspección educativa para velar por los contenidos que llegan a las aulas y que se basan en la Lomloe, más conocida como ‘ley Celaá’. «Tenemos prevista la puesta en marcha de un plan; trabajamos en la misma línea que Castilla y León en base a las competencias que tiene atribuidas la inspección educativa», señalaron fuentes de la consejería gallega. Las mismas fuentes recordaron que trabajan «en el 50% de los contenidos (la parte que les corresponde como comunidad con lengua cooficial) corrigiendo las necesidades y debilidades que se encuentran en los currículos estatales y preservando la cultura del esfuerzo que tan buen resultado ha tenido en el alumnado gallego en la última década, liderando el informe PISA y la caída del abandono escolar».
Revisión en los centros
También ayer, la consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, dijo que pondrá en marcha un plan de «vigilancia» para «analizar» los libros de texto y comprobar si «casan con el currículo de Castilla y León». «Ya dijimos que estaríamos vigilantes a cómo vendrían los libros, y hemos visto que la mejor forma de hacer esa vigilancia es poniendo un plan cuando ya estén los libros en los centros», dijo en un encuentro con medios en Salamanca y que recoge Ep. También es la estrategia que seguirá Galicia.
Lucas agregó que «la decisión de si se adquieren o no se adquieren libros es de los centros» y que, una vez ahí, tienen que permanecer cuatro años como contempla la normativa regional. «Vamos a presentar un plan para analizar cuando estén en los centros, si esas ediciones que hacen las editoriales casan con el currículo de Castilla y León, en la parte estatal y la parte autonómica», dijo.