El Govern ignora el 25% del castellano para el próximo curso
Las instrucciones a los colegios no recogen el español como «lengua curricular»
Ni una sola mención a que debe aplicarse un 25 por ciento más de castellano en todas las aulas catalanas, tal como ordena la sentencia firme de diciembre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a la Generalitat a introducir esa proporción de español en todo el sistema educativo catalán. Tampoco aparece alusión alguna a que el castellano sea «lengua curricular y de uso educativo», según contempla la ley pactada y aprobada esta semana en el Parlament autonómico con los votos de PSC, ERC, Junts y comunes (con el rechazo de PP, Cs, Vox y la CUP) para burlar el fallo judicial.
En materia lingüística (‘El tratamiento y el uso de las lenguas en el sistema educativo. El proyecto lingüístico’), el documento, al que ha tenido acceso ABC, mantiene prácticamente las mismas instrucciones que el remitido a los centros en julio del año pasado. Concede de nuevo a la lengua catalana –y al aranés en el valle de Arán–, «el papel de eje vertebrador del proyecto educativo de centro» y la consagra como única lengua vehicular en las aulas.
Sin modificaciones
En este sentido, insta a los directores a que el catalán sea «la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje del sistema educativo, y que la lengua de signos catalana sea de referencia cuando sea necesario». Como en el documento del año pasado, la Generalitat recuerda a las direcciones de los centros que la documentación académica que emitan debe ser siempre en catalán y si es solicitada por un centro de otra comunidad autónoma o del extranjero, debe ser redactada en catalán y en castellano.
El documento, de 85 páginas, hace especial hincapié en la necesidad de extender el uso de la lengua regional fuera de las aulas, así como en que los profesores sean referentes del modelo lingüístico catalán, que consagra su uso como única lengua vehicular.
La Consejería de Educación, encabezada por Josep Gonzàlez-Cambray, indica a los directores que el proyecto lingüístico de su centro «debe ir encaminado a asegurar el uso intensivo del catalán como lengua vehicular de enseñanza y de aprendizaje», y contempla también «la aplicación de estrategias de inmersión lingüística en los centros en los que el catalán no es la lengua de la mayoría del alumnado».
Igualmente insta a los responsables de los centros a «prever, si es necesario, la necesidad de impartir contenidos en lengua castellana, especialmente en contextos en los que no es la primera lengua de la mayoría del alumnado, para garantizar que, al acabar la enseñanza obligatoria, se consiga un mismo nivel de las lenguas oficiales».
Este último punto, que prevé cierta flexibilidad en el uso de las lenguas según el entorno sociolingúístico, es una idea repetida por la Generalitat, aunque con ella no cumple el dictado judicial de impartir un 25 por ciento de castellano (una asignatura troncal más) en todo el sistema.
Entorno sociolingüístico
Las instrucciones ignoran también el decreto ley impulsado por el Govern, que desoye porcentajes, y la ley aprobada esta semana en el Parlament, que concede al español el papel de lengua «de uso curricular y educativo». En declaraciones a este medio, portavoces de la consejería negaron que el documento enviado a los centros «sea contradictorio con la ley catalana» y aseguraron que «salió antes de la publicación de la misma». Educación recuerda asimismo que envió la pasada semana a los directores las «instrucciones sobre el decreto». Estas se limitan a invitar a los centros a responder un cuestionario con el que no solo no se acatan las exigencias del TSJC, sino que abren la puerta a que los padres que han logrado un 25 por ciento para sus hijos puedan perder ese derecho.
Cs ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía contra el consejero y otros responsables del departamento por dictar nuevas instrucciones sin tener en cuenta que un 25 por ciento de la enseñanza debe ser en castellano. Por su parte, Vox se ha querellado contra Cambray por desobedecer el fallo.