ABC (Andalucía)

Villén, que cargó a Faffe los burdeles, denuncia que se violó su intimidad

El exdirector de la entidad de la Junta pide al tribunal del jurado que anule las pruebas sobre sus cuentas

- ANTONIO R. VEGA

El que fuera director general de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén Rueda, ha solicitado al tribunal del jurado que va a juzgarlo por el uso irregular de tarjetas de crédito de la entidad de la Junta de Andalucía que declare nulas las pruebas documental­es recabadas por la Guardia Civil. Los agentes, por orden del juez instructor, indagaron las cuentas corrientes de las que era titular el ex alto cargo socialista para averiguar si simuló la devolución a la caja de la Faffe de los fondos públicos que se gastaba en «los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentab­a».

En un escrito remitido el 17 de mayo pasado al tribunal del jurado, que preside la magistrada Mercedes Alaya, el abogado de Villén alega que se ha vulnerado sus derechos fundamenta­les a la intimidad y a un proceso con todas las garantías, recogidos en la Constituci­ón Española, «lo que ha provocado su indefensió­n» en el proceso.

Villén, que entre 2008 y 2010 formó parte de la ejecutiva del PSOE andaluz como secretario de Empleo, va a ser juzgado junto a la exdirector­a económica-financiera de la entidad pública, Anna Valls Roc, por supuestos continuado­s de malversaci­ón y falsedad documental. Como máximo responsabl­e de la fundación pública dedicada a formar a los desemplead­os andaluces tenía asignadas tarjetas de crédito para gastos de representa­ción que utilizó en locales de alterne de Sevilla, Cádiz y Córdoba donde se ejercía la prostituci­ón. Abonó 32.566 euros con cargo a las tarjetas Visa de la Faffe en quince días diferentes.

Con posteriori­dad, para ocultar «esa ilícita disposició­n de fondos públicos», Villén y Valls idearon un sistema por el que simulaban los reintegros de los referidos cargos en la tarjeta, ya que las reposicion­es en metálico eran «inexistent­es», explicó el juez de refuerzo de Instrucció­n 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana en el auto dictado para la apertura de juicio oral.

El letrado de Villén, Adolfo Cuéllar, argumenta que se ha producido una «gravísima, innecesari­a y desproporc­ionada injerencia en el derecho fundamenta­l a la intimidad» de su cliente. Se queja de que, mediante una providenci­a dictada el 6 de mayo de 2019, «sin motivación suficiente», el magistrado ordenó rastrear los movimiento­s bancarios realizados por el exdirector de la Faffe a través de todos sus productos financiero­s, cuentas corrientes, préstamos bancarios, pólizas de crédito y cualquier otra operación en vigor en el año 2019, «aunque los hechos investigad­os se constriñen al periodo de octubre de 2004 a marzo de 2010». Las pesquisas habían sido solicitada­s por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrup­ción. El juez «no razona qué interés podría tener para la investigac­ión tan demoledora injerencia en todos los datos de la documentac­ión» de Villén, de su mujer y su padre, que «quedan absolutame­nte al descubiert­o», denuncia el escrito. Solicita la nulidad de las actuacione­s realizadas después del 6 de mayo de 2019, con la «expulsión de todos los documentos, atestados e informació­n bancaria» que obran en el sumario.

Tanto el Juzgado como la Audiencia Provincial de Sevilla desestimar­on con anteriorid­ad sus recursos en los que se oponía a dichas pesquisas. La Sección Tercera determinó que el derecho a la intimidad no es «absoluto e ilimitado y permite intromisio­nes legítimas en determinad­as ocasiones».

En el escrito enviado al tribunal del jurado Villén insiste en que «en ningún momento» manifestó que las cantidades devueltas a la caja de la Faffe proviniera­n directamen­te de sus cuentas corrientes, sino que era dinero en metálico suyo o prestado por terceros, a excepción de los 14.737 euros que se gastó en una noche de fiesta en el club de alterne sevillano Don Ángelo.

El ex alto cargo socialista será juzgado por un jurado popular por pagar servicios en clubes de alterne con tarjetas de la fundación

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