Universidades hará indefinidos a 25.000 profesores que trabajan de 3 a 6 horas a la semana
∑El ministro Subirats cede ante los rectores y quita poder a los estudiantes en la elaboración de las guías docentes ∑Esta medida de la nueva ley orgánica que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros costará 52 millones
El ministro de Universidades, Joan Subirats, dejó claro cuando tomó el relevo de Manuel Castells, que seguiría adelante con la ley de su predecesor. Ese día todo eran elogios. Unos días después, en el primer encuentro con los periodistas Subirats reiteró su compromiso de seguir adelante con la conocida como ‘ley Castells’, pero que la haría suya. «Yo pediría a los actores presentes en el sistema que me permitan que haga un poco mía esta ley», dijo entonces.
Aquella primera versión de la ley universitaria, que borró de un plumazo al Rey de la expedición de títulos (algo que luego se tuvo que modificar), es ahora un texto nuevo. Una de las principales novedades de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que se aprobará previsiblemente el martes en Consejo de Ministros y a la que ha accedido ABC, es que convertirá en indefinidos a 25.000 profesores asociados.
Esta medida forma parte de otra mayor: la de reducir del 40 al 8 por ciento el máximo de contratos temporales del personal docente e investigador que pueden estar vigentes en las universidades públicas. Otra novedad es que en el caso del puesto de rector, «con el objetivo de una mayor democratización», aseguran, se modifica el perfil de los candidatos. Así se fulminan de un plumazo la especificación de cuáles deben ser los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria, que pasarán a ser determinados por cada universidad.
Esta norma obliga también a los campus a destinar un mínimo del 5% de su presupuesto a investigación y exigirá a quienes quieran crear una nueva universidad privada un plan de viabilidad, de inversiones, de igualdad de género y protocolos contra el acoso, entre otros requisitos, que costarán, según cálculos del propio ministerio, más de 5 millones de euros. También es la norma que cede a la presión de los rectores y le quita poder a los estudiantes en la elaboración de las guías docentes. Además, dota de mayor poder a las agencias de acreditación autonómicas en perjuicio de la nacional, la Aneca, y exige a los profesores que vayan al extranjero para poder acreditarse sin aumentar un euro el gasto presupuestario para este fin.
Nuevo contrato Miles de asociados serán indefinidos
Los profesores asociados, tal como se desgrana en la norma, no viven (en teoría) de los ingresos que tienen en la universidad, es decir, tienen otras profesiones. Entran en esta modalidad aquellos «especialistas y profesionales de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad principal fuera del ámbito académico universitario cuando existan necesidades docentes específicas relacionadas con su ámbito profesional». Estos profesores no están contratados para investigar ni para hacer gestión, solo dan clases y, en la gran mayoría de los casos, no tienen tesis doctoral. Ahora serán indefinidos con dedicación a tiempo parcial. «A ver cómo hacemos asociados a un juez o a un directivo de una empresa que es para lo que se creó la figura. Lo que hacen es matar moscas a cañonazos», critica un rector que prefiere no desvelar su identidad.
Este rector agrega que no ‘casa’ la figura del asociado indefinido con la ley de incompatibilidades, por lo que «se va a impedir a las universidades contratar a profesionales de reconocido prestigio, que es la esencia de los asociados». Y, lo que es peor, «supone crear un tapón con personas que no han desarrollado una carrera académica adecuada en contra de nuestros jóvenes investigadores y de la captación de talento». «Si una persona sin doctorado después de una década ocupa el sitio, no lo podrá hacer aquel contratado de programas de excelencia. Además, se establecen cupos para estos asociados. Al final, lo que crean es un gueto de mediocridad», sentencia este rector. En cualquier caso, reconoce la situación precaria de este colectivo que cobra muy mal y por eso, anima a que el asunto se resuelva «fuera de la ley orgánica». «Lo que va a provocar esta medida es que a los que no son ya indefinidos los van a terminar echando; es un arma de doble filo», dice un segundo rector. «Creo que las universidades de Cataluña tienen un serio problema de precarización de contratos y nos meten a todos en este problema por su situación», se queja otro rector.
Por su parte, Amaya Mendikoetxea, rectora de la Universidad Autónoma dice que «en general, los rectores pensamos que habría que dar soluciones distintas para los distintos tipos de asociado; nos preocupa la cantidad de litigios que pueda haber por despidos y dependemos de una mayor financiación para promocionar a los falsos asociados a ayudantes doctores».
Estudiantes Ya no tendrán decisión «vinculante»
En la versión de la ley que Subirats entregó a la comunidad universitaria y a los medios el pasado 9 de mayo, el texto decía que «la participación vinculante del estudiantado deberá garantizarse en todo el proceso de creación de los planes de estudio y las guías docentes, así como en su proceso de implementación». La palabra «vinculante» dio lugar a un gran debate. De hecho, cuando este periódico le preguntó por la cuestión al ministro este le quitó peso y dijo que entender que «vinculante» es que los alumnos decidirán los exámenes «es una interpretación abusiva de la palabra vinculante».
Sin embargo, los que sí se quedaron bastante preocupados fueron los rectores, que semanas después, en un reunión con el ministro pusieron sobre la mesa un documento confidencial de propuestas al que accedió este periódico y cuyo primer punto decía «Participación no vinculante estudiantado. Art. 6.2». El texto fue elaborado por la Conferencia de Rectores (CRUE) y en la reunión Subirats «dijo que revisaría lo de la palabra vinculante; no tenía opción, estábamos todos los rectores haciendo presión», dijo uno de los presentes. ¿Resultado? Se quitó y ahora el redactado dice: «Deberá garantizarse la plena y efectiva participación del estudiantado en la elaboración, seguimiento y actualización de los planes de estudio y sus efectos en las guías docentes». Los alumnos publicaron un comunicado antes de conocerse este cambio que publica ABC en el que pedían «que su participación sea vinculante».
«Democratización» Rectores sin requisitos específicos
La norma dice que podrán ser candidatos a rector los funcionarios, doctores, de los cuerpos docentes universitarios, que deben reunir los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los estatutos. La ‘ley Castells’, en cambio, establecía tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia, y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal. El perfil de los potenciales candidatos se modifica con el objetivo de alcanzar «una mayor democratización del puesto», dice la memoria de la ley, a la que también ha accedido ABC.
Menos los del área de Salud Baja la temporalidad del 40 al 8 por ciento
Esta medida está relacionada con la de los asociados y ambas con la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público aprobada a finales el año pasado. Si en la ley anterior (la LOU, de 2001) el tope estaba en un 40%, ahora pasa a un 8 % el profesorado con contrato temporal. En este cálculo se quedan fuera los asociados de Ciencias de la Salud y el profesorado ayudante doctor. Tampoco se incluirá el asociado que tenga la condición de funcionario fuera de la universidad». Para CC.OO., el anuncio «queda distorsionado al excluir a los de Ciencias de la Salud y al profesorado ayudante doctor, que son el 19% del total». La reducción al 8% costará, según la memoria, 52,4 millones.
Guiño a los campus catalanes Desaparece la figura del contratado doctor
La memoria de la norma señala que a diferencia de la ley anterior (LOU), «se establece en la LOSU una carrera académica más predecible con tres niveles de progresión, en lugar de los cuatro de la LOU: incorporación, consolidación y promoción. La figura de entrada a la carrera académica es la de profesor ayudante doctor, para la que se requiere el título de doctor. La consolidación se alcanza con una plaza de profesor titular. La fase de promoción se obtendría con la figura de catedrático». Así, desaparece la figura del contratante doctor que estaba entre las dos primeras mencionadas. El Gobierno sustituye así a estos contratados doctores por los profesores permanentes laborales. Dentro de esta categoría habrá niveles profesionales equivalentes a los de profesor titular y catedrático (funcionarios). Según fuentes universitarias, «es un guiño al sistema catalán que eliminó a los profesores titulares y catedráticos funcionarios de la docencia catalana. Este es el peaje para que los grupos independentistas apoyen la LOSU», asegura.
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Cinco millones de euros Requisitos para las privadas
Para crear campus privados es necesario, entre otros, un plan de viabilidad, un plan de inversiones, varios planes de igualdad de género y un protocolo contra el acoso sexual. Según la memoria, las nuevas obligaciones supondrán una inversión de 5.704,4 millones de euros.