Tabla rasa de la autonomía universitaria
La reforma de la Universidad en ciernes no debiera hacer tabla rasa de la autonomía universitaria. ¿Puede esto ocurrir? Pues sí, porque cambios inopinados de última hora en el anteproyecto de ley plantean un serio riesgo de menoscabo en las capacidades de realización de nuestros objetivos institucionales. Los condicionantes sobre el personal, crecientes exigencias impuestas desde los ministerios, pueden consumir los recursos y las oportunidades de quienes más se esfuerzan, expulsando el talento.
Nadie puede oponerse al discurso de la desprecarización de los contratos, línea de acción de tantos rectorados. Ahora bien, los procesos generalizados de incorporación a las plantillas de decenas de miles de efectivos agotarán en el medio y largo plazo los escasos márgenes presupuestarios con los que contamos en nuestros capítulos de personal. Ya se ha convertido en costumbre la mala práctica del ‘Yo invito, tú pagas’, en un sistema con serios problemas de financiación. Más valdría incrementar las partidas para incentivos a la excelencia docente e investigadora.
A quienes reclaman un buen servicio público poco les importan las sutilezas técnicas de las reformas legales. La mayoría de las personas coinciden en la legítima exigencia de calidad, eficiencia en la gestión de los recursos públicos y seriedad en el cumplimiento de las obligaciones. Las bases de la confianza de la sociedad en la Universidad, al fin, radican en la percepción de profesionalidad de los docentes universitarios.
Siendo esto así, la selección, estabilización y carrera del personal docente e investigador es una cuestión clave. El estatuto de quienes dan las clases, sus deberes y derechos, su experiencia y capacidad de trasladar un buen ejemplo a los estudiantes es el punto de Arquímedes de la institución universitaria. Y uno de los elementos esenciales de la autonomía universitaria es la capacidad para orientar las prioridades de contratación del personal. Si las medidas legales y administrativas nos condicionan plenamente, nadie nos podrá pedir cuentas sobre el futuro de la Educación superior; que se las pidan a los legisladores.