Bruselas fuerza un ajuste extra de 15.000 millones y complica los PGE de 2023
▶ La Airef estima que el Gobierno tendrá que bajar el déficit hasta el 2,7% para cumplir con la Comisión, frente al 3,9% que preveía para el próximo ejercicio
La Comisión Europea, que a día de hoy parece tener bastante más miedo a un estancamiento económico que a una crisis fiscal, decidió hace ya unas semanas prorrogar un año más, a lo largo de todo 2023, la suspensión de las controvertidas reglas fiscales que obligan a los países miembros de la Unión Europea a presentar un déficit público inferior al 3% y una deuda no superior al 60% del PIB si no quieren verse sometidos a la supervisión reforzada de los célebres ‘hombres de negro’.
Se sabía que Bruselas se ha esforzado en dejar claro a los países que el hecho de mantener la suspensión de las reglas fiscales no implica una barra libre para el gasto. Se conocía también que la regla de prudencia que la Comisión ha trasladado a los países, en particular a los más endeudados como España, pasa por que el año que viene el gasto corriente no supere el crecimiento potencial en términos nominales que se espera para la economía. Pero no se sabía el impacto concreto que esa regla de referencia podría tener sobre las cuentas de las administraciones públicas españolas.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha echado cuentas y ha concluido que si España quiere cumplir con la recomendación de política presupuestaria formulada de forma expresa por la Comisión Europea le va a tocar rebajar el objetivo de déficit para 2023 hasta el 2,7% del PIB, más de un punto por debajo del 3,9% que se prevé en la Actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado mes de abril. Hablamos de un ajuste fiscal extra cercano a los 15.000 millones de euros respecto a lo que preveía el Gobierno.
Problemas para los PGE 2023
La condicionalidad impuesta por Bruselas a los países altamente endeudados como España, que se explica también por el temor poco disimulado a que el cambio de la política monetaria del BCE puede volver a abrir una brecha entre los países del centro y el norte de la Unión Europea con los países del sur, condiciona también la elaboración de los Presupuestos para 2023, cuyo techo de gasto deberá responder al perfil de prudencia impuesto por la Comisión en año de elecciones autonómicas y generales.
A favor del Gobierno, que ese ajuste extra podría ser finalmente inferior al estimado por la Autoridad Fiscal a partir de los datos oficiales remitidos por el Ejecutivo a la Comisión Europea. La Airef, de hecho, ya descuenta que este año el déficit no acabará en el 5% que pinta el Ejecutivo en sus proyecciones oficiales, sino en el 4,2%, lo que acortaría significativamente el ajuste fiscal a realizar en 2023. Y también preveía que el déficit de 2023 no fuera del 3,9%, como dicen los datos del Gobierno, sino del 3,3%, lo que recortaría la magnitud real del ajuste extra derivado de la recomendación europea prácticamente a la mitad, de 15.000 millones a unos 7.500 millones.
La recomendación de la Comisión también deja fuera de esa regla de funcionamiento presupuestario los gastos asociados a las medidas de ayuda a sectores y particulares para hacer frente a los efectos de la guerra, ya que está orientada únicamente al tramo del denominado gasto estructural.
En sentido contrario operan otra serie de fuerzas que pueden incluso agravar la magnitud real del ajuste presupuestario a realizar en 2023. La elevación de la rentabilidad que el Tesoro debe ofrecer a los inversores para colocar los títulos de deuda españoles a raíz del giro histórico de la política monetaria del BCE va a incrementar de forma significativa en los próximos años la cuenta de gastos financieros del Estado, que en los últimos años se había movido en mínimos históricos. Los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es
La carga derivada de los intereses de la deuda se incrementará en 12.000 millones de euros cuando se llegue al año 2025
timan que de aquí a 2025 el Estado gastará 12.000 millones de euros más en atender los intereses de la deuda, «que se tendrán que extraer de otras partidas del Presupuesto», advirtió ayer la presidenta de Airef, Cristina Herrero, durante su participación en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander.
Cuentas muy vulnerables
La máxima responsable de la Autoridad Fiscal advirtió ayer de que la actual situación de las cuentas públicas españolas es incompatible con su sostenibilidad a medio y largo plazo. Recalcó que a pesar de que los datos del último año e incluso las proyecciones para los dos próximos ejercicios apunten a una rebaja en los niveles de déficit público y de deuda, esta se va a producir por la inercia del crecimiento económico, no por la activación de una estrategia de consolidación fiscal, y una vez finalizado ese impulso se corre el riesgo de que las cuentas públicas se estanquen en unos niveles de déficit en el entorno del 3% del PIB y de deuda pública por encima del 120% del PIB, lo que, subrayó, deja al país en una situación de vulnerabilidad.
La presidenta de la Airef reiteró ayer su discurso sobre la necesidad de una estrategia fiscal a medio y largo plazo que marque el camino para conducir las cuentas públicas a una situación de sostenibilidad y aportó cifras que ilustran la magnitud del desafío. España necesitaría ajustar sus cuentas públicas –ya sea incrementando de forma estructural los ingresos o bien reduciendo los gastos públicos– en más de 1.000 millones de euros anuales durante los próximos 15 años para poder reducir el nivel de deuda pública hasta el cien por cien del PIB. Si el objetivo fuera alcanzar una deuda del 80% del PIB, el ajuste fiscal debería ser cercano a los 4.000 millones al año, algo sin precedentes.
Todo ello, advirtió Herrero, sin tener en cuenta otros riesgos sobre las cuentas públicas que aflorarán en el futuro en forma de riesgos fiscales por avales y garantías del Estado, costes ligados al envejecimiento de la población o deterioro de las condiciones financieras.