El Ejecutivo cargará sobre las energéticas los incentivos de 4.000 millones a las renovables
▶ El recibo de la luz se abaratará un 13% al no asumir las primas, pero se encarecerá el gas y los combustibles
El Ejecutivo de coalición ha decidido poner ahora en marcha el denominado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), cuyo anteproyecto de ley ya fue aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2020.
Sus objetivos son, según el Gobierno, «evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permitirá la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años».
La primera consecuencia de su aplicación a lo largo de los próximos cinco años sería una bajada de la factura de la luz en un 13% de media para los consumidores domésticos (con sus hogares electrificados) y pymes, ya que se detraen de los costes del sistema energético los aproximadamente 4.000 millones de euros anuales de incentivos a las renovables más antiguas. Para la pequeña industria supondría un descenso del 6% y para los grandes consumidores de electricidad se prevé una subida del 4%.
Sin embargo, ese dinero no es asumido por los Presupuestos del Estado sino que se repartirá entre todas las empresas energéticas con negocio en nuestro país según su facturación. Los sectores más afectados son los del petróleo y del gas natural, justo en un momento en el que los precios de los carburantes están en máximos históricos y la cotización del gas se ha disparado en los últimos meses.
Así, las facturas de gas se incrementarán un 8% para los pequeños consumidores y hasta un 17% para el resto de clientes. Tanto las gasolinas como los gasóleos se encarecerán un 5%, según un informe de Afry Management.
Desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) subrayan que «cada hogar puede tener que hacer frente a un sobrecoste de hasta 170 euros al año en las facturas de gas natural e hidrocarburos, por un ahorro de unos 20 euros en el recibo de la luz».
Te quitan lo que te dan
Además se produciría una situación rocambolesca, ya que mientras el Ejecutivo subvenciona con 20 céntimos de euro cada litro de carburante, la imposición del FNSSE supondría una subida de varios céntimos por litro (casi 10 céntimos en todo el periodo de aplicación).
AOP afirma que el FNSSE «no supone una solución al problema del coste de la electricidad y sí plantea problemas adicionales, al implantar un sistema de financiación cruzada de unos sectores energéticos en favor de otros, incorporando una nueva carga sobre los combustibles y el gas para sufragar los costes del sistema eléctrico».
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por Anfac y Sernauto (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales) y Unesid (siderurgia) considera que la aprobación del FNSSE en sus actuales términos «supondría asestar un golpe de 2.500 millones de euros a la competitividad industrial, ya maltrecha por la escalada de los costes energéticos». Añade que la industria «no entiende que el Congreso reactive en el peor de los momentos su tramitación cuando las medidas como el mecanismo de tope o las subastas inframarginales —que aún no se han celebrado— no han conseguido a día de hoy minorar el impacto en la industria de unos costes energéticos que siguen desbocados».
Desigualdades
La patronal gasista, Sedigas, considera que el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico «tendrá un negativo impacto para los hogares y la actividad industrial al plantear un recorte de la factura eléctrica a costa de un recargo sobre la factura del gas y otros combustibles en un contexto como el actual de elevados precios de la energía». Además, esta medida «afectará en mayor medida a los consumidores que residen en la España fría y de interior y en zonas más despobladas, generando todavía más desigualdades entre el ámbito rural y las grandes urbes». Y subraya que «será particularmente lesivo para los consumidores más vulnerables por su carácter regresivo: el impacto mayor se produce en los hogares con menos ingresos, mientras el 10% de los hogares con mayor renta soportarían una carga mucho menor».