Luz verde a la ley de Universidades: más competencias a las CC.AA. y menos poder a los estudiantes
El Consejo de Ministros aprobó ayer la nueva norma que reemplaza a la de 2001
El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de Universidades, que reemplaza a la LOU del año 2001. La nueva ley entrará en el Congreso la semana próxima para su tramitación parlamentaria. El ministro de Universidades, Joan Subirats, compareció en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para analizar la norma: «Llevo seis meses de ministro y he estado en contacto con todo el sistema universitario intentando conseguir que la ley fuera vista por todos como una norma que supere los 20 años que llevamos con la anterior», señaló.
El ministro destacó como «uno de los elementos importantes de la ley es la incorporación de 25.000 profesores asociados como indefinidos», medida adelantada en exclusiva por ABC junto al texto íntegro de la ley el pasado sábado.«Se trata de plazas que entrarán en vigor antes de diciembre de 2024 para luchar contra la precariedad y la temporalidad y llegar al 8 por ciento que forma parte de nuestros compromisos [con Europa]», dijo. Esta medida fue criticada por algunos rectores consultados, uno de los cuales la tildó de «populista» y consideró que «supone crear un tapón con personas que no han desarrollado una carrera académica adecuada en contra de nuestros jóvenes investigadores y de la captación de talento». Preguntado por ABC al término de la rueda de prensa sobre esta cuestión, el ministro dijo que «lo que estamos diciendo es que tenemos que acabar con la temporalidad y la precariedad y establecemos vías para ello: una tiene que ver con el contrato indefinido que entrarán a través de un concurso; muchos de ellos son doctores, el 40 por ciento y, además, están acreditados», defendió el ministro. Esta medida forma parte de otra más grande: la de reducir del 40 al 8 por ciento el máximo de contratos temporales del personal docente e investigador que pueden estar vigentes en las universidades públicas.
Formación a los 75 años
Durante la rueda de prensa, Subirats también destacó la formación a lo largo de la vida, algo que viene haciendo desde el día uno en que asumió como ministro. «La UE fija como objetivo para el 2030 que el 60% de la población de 16 a 75 años esté en proceso de formación; Europa está en el 30 y nosotros por debajo». Añadió que «por primera vez en una ley universitaria hay un apartado sobre internacionalización» y, por último, dijo que nada «será posible si no resolvemos el problema de financiación». Por otro lado, y contrariamente al borrador de ley que el ministerio circuló en mayo, se quita la palabra «vinculante» en el apartado dedicado a la labor de los estudiantes en las guías docentes y planes de estudio. Esto no ha gustado nada a este colectivo y responde a una petición unánime de los rectores que en una reunión ‘presionaron’ al ministro con esta cuestión al estar todos de acuerdo, relató a ABC uno de los presentes. «Quitar la participación vinculante es relegarnos a un papel de observador y dar pasos atrás en la participación estudiantil», dijo el presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup), Nicolás Hernández.
No solo los estudiantes, los sindicatos también han sido críticos. CC.OO. lamentó que se deje fuera de los porcentajes de reducción de temporalidad a los asociados de Ciencias de la Salud y al profesorado ayudante doctor. Por su parte, el sindicato CSIF denunció que el ministerio «tiende al desmantelamiento de los cuerpos docentes universitarios mientras fomenta la laboralización de las plantillas. Mantiene y potencia la perniciosa doble vía paralela funcionarial y laboral que fomenta duplicidades y frena la movilidad», dijeron en un comunicado. Esta medida, critican fuentes académicas, terminará beneficiando a los campus catalanes ¿Por qué? «El Gobierno apuesta por los profesores laborales, propios del sistema universitario catalán y relega a los profesores titulares y catedráticos (funcionarios) y así beneficia a los campus catalanes», señalan.
«No resuelve la precariedad»
La nueva ley da más poder a las agencias autonómicas en perjuicio de la estatal, la Aneca. Así, dice: «El acceso a los cuerpos docentes universitarios exigirá, además del título de doctor, la previa obtención de una acreditación estatal por parte de Aneca que, valorando los méritos y competencias de las personas aspirantes, garantice la calidad en la selección del profesorado funcionario. La Aneca acordará, mediante convenio, la evaluación de dichos méritos y competencias por parte de las agencias de calidad autonómicas». Para el CSIF, se «existe un riesgo evidente en que la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (funcionarios) la puedan hacer ahora mediante convenio con Aneca las agencias de calidad autonómicas. La ausencia de un marco común en las acreditaciones frente a una yuxtaposición de subsistemas heterogéneos ha generado problemas de equidad, movilidad, homologación y desiguales tasas de éxito».
Por otro lado, el sindicato denuncia que la ley aumenta la precariedad y «que romperá la igualdad y el marco común básico». ¿Por qué? A juicio del CSIF, cada universidad y comunidad «decidirán en temas claves» como las acreditaciones, la gobernanza (cada campus diseñará en sus estatutos su gobernanza: composición, porcentajes, etc.) o el desarrollo de ciertas figuras de profesorado laboral, que caerá en manos de las regiones. «Es necesaria mayor concreción y armonización y no fiarlo todo a los futuros estatutos de cada universidad», dijo CSIF.