La Fiscalía rebaja la prisión al dueño de la bollería de Nerva que cobró ayudas de ERE
El perito Ángel Turrión confirma en el juicio que no cumplió ningún requisito legal
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla dejó ayer visto para sentencia el juicio contra el empresario catalán Carles Vandellós Blanch, dueño de la planta de bollería industrial Nerva Croissant S.L. por las ayudas supuestamente «injustas y arbitrarias» concedidas en 2009 con cargo a la partida presupuestaria 31L, el fondo de los ERE. Vandellós desmanteló a toda prisa la fábrica del municipio onubense y se llevó a Girona la maquinaria financiada con incentivos de la Junta de Andalucía. La Fiscalía, que reclamaba para él cinco años de prisión, ha rebajado a tres años su petición de cárcel como cooperador necesario de presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación. Además, reclama que indemnice con 147.913,72 euros a la Junta «por los perjuicios causados».
La Junta de Andalucía, como acusación en este caso, ha retirado sus cargos de falsedad documental y solicita para el empresario dos años de prisión y diez años de inhabilitación por los delitos ya citados, mientras que el PP, como acusación popular, suscribe la petición de la Fiscalía.
En la segunda y última sesión del juicio, Ángel Turrión, como portavoz de los peritos, explicó que en las ayudas autonómicas otorgadas a la sociedad Nerva Croissant no fue cumplido «ningún trámite» de los previstos respecto a las subvenciones públicas. Cobró el 75 por ciento de la primera ayuda de 84.522 euros, que fue embargada por las deudas de la entidad, y la segunda en los mismos términos llegó a Desarrollos Tecnoalimentarios Nerva, también perteneciente a Carles Valdellós.
«Faltaban todos los requisitos», aseveró el perito: no hubo solicitud formal, ni fiscalización previa, ninguna documentación que sostuviera «un mínimo cumplimiento de la Ley General de Subvenciones». Agregó que estas ayudas estaban «ilegalmente concedidas desde el principio» por tales incumplimientos.
Ante el embargo del 75 por ciento de la primera ayuda a Nerva Croissant en concepto de «ayudas personales» a su plantilla, según Turrión, fue organizado un «sistema» para canalizar «el mismo importe» hacia la otra firma que carecía de deudas con la Seguridad Social porque «nunca tuvo ningún trabajador».
Tras ello, el juicio afrontó la fase de las conclusiones e informes definitivos de las partes, marco en el que el fiscal del caso ha reclamado condenar al acusado. El fiscal señaló que los hechos implican la tramitación de estas ayudas bajo una «falsaria excepcionalidad» y «justificaciones meramente aparentes», cuando se trataba de fondos concedidos «sin encaje en el ordenamiento jurídico» y con toda «omisión del procedimiento establecido».
El fiscal cuestionó la versión exculpatoria del empresario y dio por hecho su «participación activa», señalando sus comunicaciones hacia la Junta con «amenazas» de trasladar a los medios de comunicación y la Justicia las irregularidades.