Defensora de los ‘Países Catalanes’ y del acto ‘España contra Cataluña’

El IEC considera catalán a cualquier natural de Valencia, Baleares y Aragón

Catalán es el «natural de los Países Catalanes» y todo lo «relativo o perteneciente a los Países Catalanes o a sus habitantes». Así define (acepción segunda) el Diccionario de la lengua catalana del Instituto de Estudios Catalanes (IEC) el término ‘catalán’, extendiendo de esta manera el contexto real de Cataluña a la entelequia política, vinculada a la lengua, de los ‘Países Catalanes’, que incluye la región catalana, las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, una parte del este de Aragón, el sureste de Francia (departamento de los Pirineos Orientales, sobre todo) y poblaciones de Murcia y el Alguer (Cerdeña, Italia).

Este Diccionario del IEC es la referencia léxica en lengua catalana, recogiendo el testigo de Pompeu Fabra (fallecido en 1948 en Francia tras exiliarse), quien estableció las normas del catalán normativo actual, y el caso del significado de la palabra ‘catalán’ es una prueba más de la colonización política nacionalista en el ámbito cultural. El IEC, comparable a la Real Academia Española (RAE) en lo referente a la normativa lingüística del español, no ha dejado pasar ocasión alguna, a lo largo de su historia, de intervenir en el debate político, a diferencia de la RAE, por ejemplo, siempre a favor de posiciones nacionalistas o independentistas.

Desde la restauración de la democracia en España, en 1978, el IEC se ha mostrado a favor de «la unidad de la lengua catalana», en múltiples ocasiones, cuyo debate científico consiste en, por un lado, los que defienden que el catalán es lo que también se conoce como valenciano y las distintas variantes baleares y, por otro, los que consideran al valenciano con entidad propia y diferenciada del catalán. Más allá del espacio científico existe un aprovechamiento político de este debate.

Independencia, TV3, 1-O...

Pero el IEC también ha firmado ‘declaraciones institucionales’ de ámbito político, como su posición en contra del bilingüismo en las escuelas de Cataluña; en contra del cierre de las emisiones ilegales de TV3 en la Comunidad Valenciana; a favor de vincular una lengua con la existencia de un Estado; a favor del ‘derecho a decidir’ de Cataluña, ya sea de manera legal o ilegal; en defensa de los organizadores de la consulta independentista del 9-N de 2014; para protestar por la actuación judicial contra los líderes del 1-O, en apoyo de los ‘síndicos electorales’ del 1-O y contra la condena del Tribunal Supremo a los líderes del ‘procés’; en contra del Gobierno de Aragón por retirar de los libros de texto el concepto ‘Corona catalanoaragonesa’ para recuperar el término histórico de ‘Corona de Aragón’; y, entre otras posiciones políticas, para defender a Quim Torra tras su inhabilitación como presidente autonómico y contra el Tribunal de Cuentas por ejercer sus funciones contra los líderes del 1-O.

El IEC también patrocina actos en connivencia con el poder nacionalista con un marcado carácter político. El más polémico fue el simposio que se celebró en su sede en 2013 bajo el título de ‘España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014)’. La organización corrió a cargo de la Sociedad Catalana de Estudios Históricos, una de las filiales del IEC, el Centro de Historia Contemporánea de Cataluña y el departamento de la Presidencia de la Generalitat, entonces, en manos de Francesc Homs (CiU).

«El alma de un pueblo»

Durante tres días, los historiadores que participaron fueron objeto de críticas políticas y científicas. No en vano, las intervenciones, revestidas de un aire docto, se centraron en denunciar una supuesta «represión militar» de España contra Cataluña a lo largo de la historia; asentar un hipotético «expolio económico» en Barcelona; alimentar «la represión cultural» contra «el alma de un pueblo», el catalán; acusar a la historiografía española de «falsificar la historia»; apuntar que los medios de comunicación también son cómplices de la «larga represión» y poner en valor la industria catalana y la lengua catalana, así como recordar los distintos «exilios» (el austracista, a lo largo del siglo XIX y el del siglo XX). Un simposio que inauguró Homs y clausuró Salvador Cardús, uno de los ideólogos de cabecera de Artur Mas que le ‘empujó’ a la deriva secesionista, con «la lección» titulada: «La humillación como desencadenante de la eclosión independentista».

Así, todavía sorprende que desde el Ejecutivo nacional se financien instituciones que trabajan para impedir la convivencia entre catalanes y de estos con el resto de españoles y que pongan todas sus herramientas y sus esfuerzos en dinamitar la Constitución. «Mientras la práctica siga siendo esta, es decir, la de financiar el nacionalismo catalán que quiere romper España, estos seguirán dominando el relato en Cataluña», denuncia Óscar Uceda, presidente de Historiadors de Catalunya, en declaraciones a ABC, tras la publicación, ayer, por parte de este diario, de la información que señala que el Gobierno subvenciona con más de un millón de euros al IEC.

Uceda es el presidente de una entidad que promueve la historia «desde la máxima objetividad posible, con sentido crítico, académico, pero con un lenguaje inteligible y agradable al profano» y sin la óptica nacionalista. «El nacionalismo catalán viene recibiendo dinero público y eso se considera normal. Lo recibe de todas las administraciones y se considera normal. Pero el constitucionalismo no recibe nada porque somos la anomalía. Se supone que lo que defendemos no puede ser financiado por el Estado y lo suyo, sí». Historiadors recibe cero euros de las arcas públicas, ya sean las autonómicas o las nacionales.

Organizó con la Generalitat, en 2013, un simposio para defender que España ha reprimido a Cataluña a lo largo de la historia

Desde el constitucionalismo se critica que el Gobierno subvencione a este tipo de entidades y no a las que están a favor de España