Cuidados paliativos
Las ayudas individuales son aceptables, pero el resto es morfina
El Gobierno anunció ayer su programa de cuidados paliativos para España. Los subsidios generalizados, los controles de precios o los impuestos discrecionales sobre la actividad económica son pura morfina. La única medida cuya utilidad excede las distorsiones que puede crear en la economía son las transferencias de rentas focalizadas en las personas de menos ingresos que serán las que noten más el impacto de la inflación. Pero su eficacia dependerá del diseño de la misma, un aspecto en el que hubo discrepancias en el Ejecutivo sobre la cantidad de la ayuda y el número de beneficiarios.
Con todo, la más controvertida de las medidas, por el daño que puede causar sobre la inversión y otras decisiones empresariales en compañías cotizadas, es el impuesto a «los beneficios extraordinarios» de las empresas energéticas. El sector del Gobierno que visualiza riesgos ha conseguido aplazar la decisión hasta 2023 con la excusa de perfilarla mejor, pero la verdad es que a su lado coexisten los mismos expertos que han fabricado la coartada intelectual de esta exacción fiscal.
Estos cuidados paliativos sirven para que Sánchez siga procrastinando y mantenga al país en la lista de espera quirúrgica. Si algo aprendimos de la crisis del petróleo de 1973 fue que medidas como éstas solo aplazan los problemas. España tardó cuatro años hasta que en 1977 alcanzó el pacto de rentas que permitió un reparto razonable de los costos de la crisis y evitó que se siguieran añadiendo otros.
Pero ahora, ni Sánchez tiene el valor ni la clarividencia ni los escaños para sacar adelante un programa con las reformas estructurales que España necesita. Menos tras el resultado andaluz que ha sido el disparo de salida de la campaña electoral de las próximas elecciones. Si no ha sido capaz de comprometerse con presentar algo tan sencillo como una senda de consolidación fiscal creíble como la que el Banco de España le viene aconsejando que elabore desde que estalló la pandemia, mucho menos le va a meter mano a los más de 60.000 millones de gasto público improductivo que detectó el Instituto de Estudios Fiscales.