La sentencia del aborto en EE.UU. siembra la duda en otros derechos

El matrimonio entre personas del mismo sexo o el uso de anticonceptivos tienen el mismo «tejido constitucional» que ahora ha tumbado el Supremo

La sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. del viernes sobre el aborto ya tiene efectos inmediatos en el país: varios estados tenían leyes restrictivas listas para entrar en vigor el momento en el que el alto tribunal tumbara el precedente establecido desde 1973 con la decisión ‘Roe v. Wade’, que protegía la interrupción voluntaria del embarazo hasta la viabilidad del feto como un derecho constitucional.

Otros estados también han mostrado su intención de legislar en sentido restrictivo –se calcula que la mitad del país tendrá leyes con las que se prohíbe o restringe al máximo el aborto–, después de que el alto tribunal decidiera que la regulación del asunto debe estar al arbitrio de los estados, es decir, de los representantes elegidos por sus votantes en cada territorio.

Los efectos de esta sentencia histórica, que sacude la sociedad y la política de la primera potencia mundial, van mucho más allá del aborto. De forma inmediata, muchos empezaron a cuestionar qué impacto tendrá en otros derechos individuales fundamentados en la misma arquitectura legal de ‘Roe v. Wade’, como las relaciones íntimas y el matrimonio entre personas del mismo sexo o el uso de anticonceptivos.

Son protecciones, como hasta ahora la del acceso al aborto, que están asentadas en precedentes del propio Supremo. En esencia, el tribunal se ha basado en la 14ª Enmienda de la Constitución, aprobada en 1868 para extender los derechos civiles y legales a los que hasta entonces eran esclavos negros, y que de una manera amplia establece que no se pueden arrebatar la libertad de los ciudadanos de forma injusta, sin el «proceso debido». La interpretación por parte del alto tribunal durante décadas ha llevado a incluir en la enmienda el derecho a la privacidad, que ha servido para proteger el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El tribunal, intérprete definitivo de la Constitución, suele ser cauto a la hora de romper su propia jurisprudencia. Pero lo ha hecho sin ambages en el caso del aborto, lo que podría abrir la puerta a otros derechos.

«Pone en riesgo otros derechos, desde los anticonceptivos a la intimidad y el matrimonio en personas del mismo sexo», escribieron los tres jueces progresistas que se opusieron a la mayoría de seis jueces –nombrados por presidentes republicanos– que tumbó el acceso al aborto como derecho constitucional. En su opinión, esos derechos comparten el mismo «tejido constitucional» que las protecciones al aborto.

Posiciones poco claras

Las posiciones dentro de la mayoría conservadora no son claras al respecto. Samuel Alito, el juez que redactó la opinión mayoritaria en el caso del aborto, defendió que la sentencia no debe ser vista como una amenaza a otros precedentes. Brett Kavanaugh, también conservador, defendió que la sentencia «no amenaza ni siembra dudas» sobre la jurisprudencia en anticonceptivos o matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero eso no cuadra con el fundamento que utilizaron para tumbar ‘Roe’. La visión de Alito, como la de muchos jueces y juristas conservadores, es que hay que interpretar la constitución y sus enmiendas como se entendieron en el momento de ser redactadas y esa es la razón por la que no se puede incluir las protecciones del aborto.

«Una de las dos cosas es cierta», respondieron en su opinión los magistrados progresistas. «O la mayoría no cree en su propios argumentos. O si lo hace, todos los derechos que no tienen presencia histórica a mediados del siglo XIX están amenazados».

Quien sí lo tiene claro es el juez Clarence Thomas, el estandarte conservador del tribunal, que en su propia opinión sobre la sentencia abogó por «reconsiderar» todos los precedentes que comparten esa misma arquitectura jurídica. Citó de forma específica las sentencias ‘Griswold v. Connecticut’ –de 1965, que establece el derecho al uso de anticonceptivos–, ‘Lawrence v. Texas’ –de 2003, que declara la inconstitucional de leyes que castigan la sodomía– y ‘Obergefell v. Hodges’ –de 2008, que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo–. «Tenemos la obligación de ‘corregir el error’ establecido en esos precedentes», defendió.